El Gobernador presentó un proyecto para regular el sistema de videocámaras

El gobernador Omar Gutiérrez presentó un proyecto de ley para implementar un sistema interconectado de alcance provincial con transmisión de datos, imágenes y sonidos para la prevención, el control y la actuación temprana frente a delitos y emergencias, a través de su monitoreo en tiempo real. Se trata de un nuevo sistema de videoseguridad, basado en la regulación de videocámaras en la vía pública. La propuesta deroga la norma vigente en la materia, ley 2762.

La Secretaría de Seguridad actuará como autoridad de aplicación de la ley y, como tal, tendrá a su cargo la facultad de autorizar las instalaciones, así como la  custodia de las imágenes y datos obtenidos y su ulterior destino, incluida su utilización o destrucción.

Entre otros aspectos, el sistema prevé la grabación continua de los dispositivos, determina que su ubicación deberá ser difundida a la ciudadanía “en forma clara y permanente” y asegura “el deber de secreto y confidencialidad” en tanto especifica que las personas que por sus funciones tengan acceso a los registros, deberán mantener el secreto y la confidencialidad del contenido. La información solo podrá ser revelada mediante resolución judicial. 

La normativa contempla, además, la creación de un registro de los dispositivos que componen el sistema de videoseguridad, el que contendrá información referida a su ubicación, estado operativo, características técnicas y personas habilitadas para su uso.  

El articulado especifica que toda persona interesada podrá ejercer, ante la autoridad judicial competente, los derechos de acceso y cancelación de las grabaciones en que razonablemente considere que resulta afectada.

La custodia de las grabaciones recaerá sobre la policía de la provincia, en su carácter de operador del sistema. No podrá extraer copias y manipular el material, y las grabaciones deberán mantenerse disponibles en el plazo que dictamine la reglamentación de la ley. El texto especifica que las grabaciones que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o un proceso judicial o administrativo abierto, no podrán ser destruidas.

Los fundamentos hacen referencia a los avances tecnológicos del  último tiempo que requieren generar nuevas “condiciones técnicas, normativas y de funcionamiento” para la implementación de tales tecnologías de monitoreo y alertas ciudadanas, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía, así como también a optimizar la gestión de los recursos y los tiempos de asistencia ante contingencias; promover nuevos canales de participación y protección ciudadana y “brindar una herramienta clave para mejorar la seguridad pública”.

El gobernador asegura, más adelante, que “es decisión del gobierno provincial desarrollar una política de Estado en prevención, que atienda de manera integral la problemática de la seguridad pública, articulando los esfuerzos de los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales en el desarrollo de estrategias que tengan como eje la participación ciudadana en la reconstitución de redes comunitarias y que promuevan el desarrollo humano para el logro de una mejor calidad de vida”.