Reforma Laboral
Gobierno apeló el litigio sobre el DNU
El gobierno apelará el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que en el mediodía del miércoles dio lugar a la cautelar presentada por la CGT que puso en suspenso las definiciones laborales del DNU 70/2023. El procurador general del Tesoro, Rodolfo Barra, presentará el recurso judicial en las próximas horas y pedirá que el litigio sea resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, donde se resuelven las causas vinculadas con el Estado nacional.
El oficialismo dio a conocer su posición mediante un comunicado de prensa en el que adelantó que además pedirá la incompetencia de ese fuero. «El fallo contradice todos los fallos dictados hasta ahora en el país. Desoye el criterio que adoptaron los otros tribunales del país, tanto en la Ciudad como en el interior, que enviaron la causa al juez natural y universal que conoce en todos los asuntos. El fiscal y un Juez del mismo tribunal en minoría sostuvieron lo contrario a la medida cautelar», sostiene el mensaje.
La decisión del oficialismo llega después de que el tribunal laboral declare como nula la aplicación del Título IV del DNU 70/2023 y de por suspendida la reforma laboral de hecho que el Ejecutivo incluyó en el decreto. A pesar de la presentación de este recurso, el mismo no tiene carácter inhibitorio de la medida. Es decir que, a pesar de la apelación del gobierno, la suspensión hecha por la justicia continuará vigente hasta tanto haya una resolución del caso.
La resolución judicial fue tomada por los magistrados José Alejandro Sudera, Andrea García Vior y Dora González, quienes justificaron su decisión en el cuerpo del fallo donde advierten que «no se evidenciaría objetivamente la ‘necesidad’ de adoptar tan numerosas medidas y que, aunque ello pudiera -hipotéticamente- intentar justificarse en la referencias genéricas a ‘un hecho demostrado’, lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían las que se alegan constituyan razones de ‘urgencia’ para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo.»
Además, agregaron que «varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, calificadas como ‘leyes antievasión.’”
En caso que Contencioso Administrativo acepte el tratamiento del caso, se abrirá un conflicto de competencia entre ambos tribunales involucrados que deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia y declarará en última instancia cuál será la cámara habilitada para resolver.