El Comité de la Tortura le pide a la Legislatura que regularice la situación administrativa y laboral

Neuquén.- Los integrantes del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Neuquén presentaron una nota en la Legislatura solicitando se regularice en forma urgente la situación administrativa, laboral y presupuestaria del mismo. 

Actualmente, el comité se encuentra en su momento presupuestario más grave habiendo una comisionada designada que se encuentra sin cobrar su salario, vulnerándose así sus derechos laborales. 

Este deterioro institucional no es aislado. A cinco años de la aprobación de la Ley 3213, tres años después de la promulgación de su decreto reglamentario, dos años desde el inicio del proceso de designación, y casi un año desde que comenzó a operar, persiste un desacuerdo entre la Legislatura y el Ejecutivo respecto al presupuesto del Comité. Se ha observado un traslado inapropiado de partidas entre ambos poderes, así como una utilización del mismo que carece de claridad y actualización, situaciones que han sido objeto de reclamos tanto formales como informales en más de una ocasión.

Desde su creación el Comité cuenta con un acotado presupuesto que no cubre los gastos de funcionamiento. Las y los comisionados/as se encuentran realizando su labor diaria acorde a la Ley 3213 con insumos propios, solo pudiendo cubrir la zona de la Confluencia. Esto hace que el Comité, aún habiendo solicitado a ambos poderes movilidad, no cuenta con la misma. Tampoco cuenta siquiera con un teléfono que permita la comunicación directa con el Comité, solo por nombrar dos situaciones puntuales entre otros insumos necesarios para su funcionamiento.

Entre ellas podemos destacar: inspeccionar todos los lugares de detención o encierro de la provincia; la recepción de denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad, - y de esa forma realizar informes periódicos sobre las condiciones de detención de las mismas- ; realizar entrevistas individuales o colectivas con personas privadas de su libertad; diseñar y proponer campañas públicas de concientización; organizar talleres, encuentros o seminarios de capacitación dirigidos a agentes policiales, penitenciarios y judiciales, así como para el personal relacionado con la temática de las personas privadas de libertad; elevar un informe público anual a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre las tareas y actividades realizadas durante el año; y evaluar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, con el objeto principal de prevenir y erradicar la tortura y los malos tratos en nuestra provincia, entre otras.

En este contexto crítico, "es crucial resolver de manera inmediata las discrepancias persistentes entre los poderes Ejecutivo y Legislativo respecto a la administración del presupuesto del Comité. Esta falta de acuerdo ha generado serias dificultades operativas, impidiendo al Comité contar con los recursos necesarios para su funcionamiento efectivo. Es evidente que la carencia de presupuesto para gastos básicos como movilidad y comunicación compromete gravemente la capacidad del Comité para cumplir con sus responsabilidades para las que fue creado", expresaron.