Milei ya firmó el primer decreto que reglamenta la Ley Bases y acelera la reforma del Estado
Javier Milei ya firmó el primer decreto que reglamenta la Ley Bases, que fue sancionada a fines de junio en el Congreso. Se trata del segundo capítulo, que contiene las herramientas para que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, realice la reforma del Estado. Saldrá publicado el lunes en el boletín oficial.
Según pudo saber TN, la mesa técnica del Ejecutivo avanzó con la reglamentación de la reorganización administrativa del Estado junto con las modificaciones en la Ley de Empleo Público y el marco que habilita la privatización de las empresas públicas.
El artículo 3 le entrega a Milei las facultades para poder modificar o eliminar organismos de la administración central o descentralizada que hayan sido creados por decreto o por ley. Permite además que el presidente derogue sus competencias, funciones y estructuras jurídicas.
Excluye de la intervención a las estructuras del Poder Judicial, a las del Legislativo y a las dependencias del CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA, entre otros.
Sturzenegger necesita la reglamentación del capítulo II de la Ley Bases para impulsar la eliminación 60 organismos que publicará en uno o dos decretos. Trabaja en conjunto con el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.
El Ejecutivo quiere avanzar con la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), entre otros.
Le atribuye además facultades al Gobierno para transformar, unificar, disolver y liquidar fondos fiduciarios públicos. Habilita la eliminación de asignaciones específicas tributarias y deriva al Tesoro la recaudación. Excluye el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la ley 25.565.
La reglamentación incluye también el marco jurídico para privatizar las empresas públicas Energía Argentina, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales. Dispone la posibilidad de que Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) adopten un esquema mixto de participación.
Establece además la intervención de la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones en el proceso de venta. La Auditoría General de la Nación (AGN) deberá presentarle en 120 días hábiles un examen sobre los aspectos legales y financieros de cada empresa y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un informe sobre el patrimonio y la operatividad.