El Gobierno oficializó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Con el argumento de mantener el déficit cero, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. El jefe de Estado oficializó la medida este jueves, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. “Observase en su totalidad el proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.757″, confirma el artículo 1°.

 
“El proyecto de ley sancionado por el Congreso es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”, advierte el decreto.

    
El texto del veto de Javier Milei a la ampliación del financiamiento universitario (Foto: TN).
Según lo expuesto en el decreto, la implementación del proyecto hubiera significado un incremento de $251.907.500.000 en los presupuestos vigentes de las universidades nacionales solo hasta agosto de 2024. A esto se sumaba un gasto adicional proyectado en $811.569.000.000 para la recomposición salarial del personal universitario.

Además, el Poder Ejecutivo argumentó que la ley presentaba incongruencias con la normativa vigente sobre la negociación colectiva y gestión de la Administración Financiera Pública, destacando que la medida otorgaría un privilegio al personal universitario en comparación con el resto de los trabajadores del sector público.

“La medida sancionada establecería un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales (87% de incremento entre diciembre 2023 y agosto 2024) respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional (78% en el mismo período), por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo”, sostiene el escrito.

El Gobierno ratificó así el bloqueo a la ampliación de los fondos para las casas de altos estudios. Lo hizo tras la masiva marcha federal universitaria que tuvo lugar este miércoles en distintos puntos del país. “Es un irresponsable proyecto de aumento del gasto público”, expresó la Oficina del Presidente en un comunicado.

La Casa Rosada había manifestado que la postura respecto a la ley que buscaba asegurar pisos mínimos de financiamiento de la educación pública superior sería idéntica al debate que involucró al aumento de las jubilaciones, esto es, cuidar a rajatabla el ordenamiento macroeconómico y el equilibrio fiscal. No obstante, en el oficialismo reconocían que evaluarían el impacto de la marcha de este miércoles.

Si bien la manifestación fue masiva, similar a la primera marcha federal universitaria realizada en abril, en el Poder Ejecutivo rápidamente salieron a atribuirle motivaciones políticas, subrayando la participación de los dirigentes de la oposición.

“El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente. Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”, agregó el propio comunicado de la Oficina del Presidente en X.

En línea con ese mensaje, el presidente Javier Milei, en sus propias cuentas de redes sociales, replicó mensajes como “La universidad pública no está en peligro, lo que peligra es el botín que se reparten”. Es la idea que defiende el oficialismo desde antes de la marcha y que tuvo como respuesta minutos después de concluido el acto frente al Congreso.

En las filas del oficialismo otras figuras se plegaron a difundir este mensaje. En efecto, mientras los dirigentes universitarios pronunciaban sus discursos en la Plaza de los dos Congresos, la vicepresidenta Victoria Villarruel, publicó un posteo en el que exhibió los números del presupuesto recibido por la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo y los contrastó con la baja cifras de egresados que logró esa institución en 2023. “Siempre mi apoyo a la universidad pública y de calidad, pero sin los parásitos que hacen negocios con ella”, escribió la presidenta del Senado.

El mismo eje había elegido el ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, que en su cuenta oficial replicó un poco más de detalle de las cifras.

El Gobierno, de esta manera, defiende su decisión de recortar el envío de fondos a las universidades públicas, atacando sus rendiciones de cuenta el resultado de la aplicación de esos fondos. Horas antes de la marcha, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, había asentido cuando le consultaron si era cierto que la UBA no presentaba rendiciones de cuenta desde hacía una década.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), órgano donde confluyen los rectores de las universidades nacionales, insiste en la puja para lograr que el poder Ejecutivo actualice las partidas, ya que asegura que los gastos de funcionamiento y el retraso de los salarios docentes pone en riesgo la continuidad del dictado de clases.