2024-11-20

Emergencia energética prorrogada

El Gobierno extiende la emergencia energética hasta 2025

La emergencia energética seguirá vigente hasta julio de 2025. La medida afecta tarifas y servicios de electricidad y gas natural.

El Gobierno nacional prorrogó la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025 mediante el Decreto Nº1023/2024. Esta decisión extiende la normativa inicial, establecida por el Decreto Nº55/2023, que abarca la generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.

Según el decreto, la extensión busca garantizar la continuidad y sostenibilidad de los servicios en un contexto de crisis estructural. La Secretaría de Energía continuará adoptando medidas para mantener los niveles de ingresos en términos reales y cubrir las necesidades de inversión. Esto permitirá asegurar la prestación continua y en condiciones técnicas y económicas adecuadas tanto para los usuarios como para los prestadores de servicios públicos.

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Impacto en las tarifas

El decreto también pospone la entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios, que resultan de los procesos de revisión iniciados en 2023. Estos cuadros no podrán aplicarse antes del 9 de julio de 2025, y se garantiza la implementación de mecanismos de participación ciudadana en el proceso de adecuación tarifaria.

Intervención de organismos reguladores

La normativa extiende la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta que entre en funcionamiento el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, creado por la Ley Nº27.742.

Coordinación con provincias

El Gobierno también invitó a las provincias a coordinar acciones con la Secretaría de Energía para reforzar la prestación de servicios eléctricos bajo sus jurisdicciones. Según el texto oficial, la prórroga es clave para "ordenar y unificar los tiempos, acciones y objetivos previstos".

Con esta medida, el Ejecutivo busca enfrentar los desafíos del sector energético mientras trabaja en soluciones estructurales para asegurar el acceso y la calidad de los servicios públicos en el país.

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