El contraataque de Ruiz se agotó en un show mediático

La suspendida vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, tuvo un miércoles complejo. Tan complejo como todas las jornadas que se sucedieron desde que salió a la luz la causa judicial que precisamente la complica.

Hoy se supo que gastó más de 32 millones de pesos de la Legislatura en el apoyo financiero a una “sanadora” (acusada de estafa) y que uno de sus familiares (Gustavo Chittadino) fue despedido del palacio de la calle Leloir.

En medio de eso, la vicegobernadora intentó un contraataque que se agotó literalmente en un show mediático.
Gloria Ruiz habló en los Tribunales de la capital neuquina, pero la denuncia contra diputados y funcionarios a los que responsabiliza de sus desgracias la realizó en la ciudad de Buenos Aires; para ser precisos, en un juzgado federal de Comodoro Py. La acusación de Ruiz coquetea con el absurdo, en virtud de que no ha sido debidamente fundamentada.
Hasta dónde se sabe no aportó ni una sola prueba. Mientras que en la causa que se le sigue en Neuquén por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, aún no designó abogados defensores (aunque sí realizó un amague al respecto).
En la Ciudad Judicial de Neuquén, Gloria Ruiz tuvo un breve diálogo con el fiscal jefe Pablo Vignaroli, pero no pudo ver el expediente. Salió de ahí enojada, como cuando intentó entorpecer los allanamientos en las viviendas de sus familiares o cuando amenazó a los diputados en plena sesión, y dijo que estudia un posible pedido de intervención federal de la provincia (lo cual implica un despropósito al que no es sencillo encontrarle precedentes).
En la conferencia de prensa no brindó ninguna precisión sobre su denuncia en territorio porteño. Pero se supo que el escrito de cuatro carillas recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello.
Los legisladores y funcionarios a los que acusa Ruiz son: Ernesto Novoa (diputado de Comunidad), Guillermo Monzani (de Hacemos Neuquén), Francisco Lépore (de Avanzar),  Claudio Domínguez (del MPN), Carina Riccomini (de Juntos), Tanya Bertoldi (diputada nacional y funcionaria provincial), Julieta Corroza (ministra de Desarrollo Humano), Lucas Castelli (ministro de Trabajo), Matías Nicolini (ministro de Seguridad), Rubén Etcheverry (ministro de Infraestructura) y Marcelo Severini (presidente de CALF).
Ruiz pide que los investiguen por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita; falsa denuncia; abuso de autoridad; atentado al orden constitucional y a la vida democrática; cohecho y tráfico de influencias; lavado de activos agravado y violencia de género. Un despropósito por donde se lo aborde.
Ruiz está investigada por la Justicia provincial neuquina por una causa que se inició para esclarecer un presunto fraude con fondos del Estado. El principal sospechoso es su hermano Pablo Ruiz, a quien le endilgan haber colocado dinero de la Legislatura en plazos fijos y no haber rendido los intereses. Luego se supo que la vicegobernadora compró una Toyota de alta gama y quedó implicada, es por eso que la investigan por enriquecimiento ilícito.
La causa judicial generó la reacción de los diputados, que la suspendieron en forma temporaria e iniciaron un proceso para evaluar si se encuentra moralmente habilitada para ejercer el cargo.