Condiciones de detención
Defensores públicos presentaron informe sobre la situación de las personas privadas de la libertad
El 30 de diciembre de 2024, los defensores y defensoras públicas del Ministerio Público de la Defensa presentaron a las autoridades del Ministerio de Seguridad el Informe Anual 2024 del Grupo de Control del Encierro Preventivo. Este informe preliminar detalla las condiciones del sistema de detención provisional de la Primera Circunscripción Judicial, con un enfoque particular en las comisarías que atraviesan las mayores afectaciones a los derechos de las personas privadas de libertad.
El informe subraya que, en comparación con 2023, las condiciones de habitabilidad han empeorado, y el hacinamiento ha alcanzado niveles inadmisibles. Se identificó que las comisarías están sobrecargadas, superando más del 100% de su capacidad. Según la Jefatura de Policía, la Primera Circunscripción Judicial tiene una capacidad teórica de 72 plazas, pero actualmente se alojan 143 personas. Este hacinamiento provoca que los detenidos cuenten con espacios reducidos, por debajo de los estándares mínimos establecidos por la ley.
Infraestructura inadecuada y sin mejoras
El análisis incluye datos sobre la infraestructura de los centros de detención y el estado de ocupación durante todo el año 2024. Se advirtió que algunas comisarías no están habilitadas para alojar detenidos de forma permanente, ya que no cuentan con las condiciones mínimas necesarias, como alcaidías y espacios adecuados. Sin embargo, ante la sobrepoblación, estas comisarías han sido habilitadas para el alojamiento de detenidos sin que se hayan realizado las mejoras necesarias en sus infraestructuras.
Impacto en los derechos humanos
El informe deja claro que estas condiciones son incompatibles con los estándares internacionales y nacionales en cuanto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Los defensores públicos recalcaron que las comisarías actuales no son aptas para ofrecer un trato humanitario y adecuado. La falta de espacio, la sobrecarga y la infraestructura inadecuada generan condiciones de detención que se consideran inhumanas y inadmisibles en un Estado Constitucional de Derecho.
Preocupaciones por la evolución de la situación
Los defensores y defensoras públicas señalaron que la situación podría empeorar con el tiempo, ya que la tendencia hacia la "habilitación" de más comisarías que no cumplen con los estándares de habitabilidad podría continuar. Esta práctica pone en riesgo la integridad de las personas privadas de libertad y agrava las condiciones de los centros de detención.
El informe, que será presentado públicamente en las próximas semanas, exige una intervención urgente de las autoridades para garantizar condiciones de detención adecuadas y respetuosas de los derechos humanos de los detenidos en la provincia.