Controversia
El Gobierno rechazó críticas de Amnistía Internacional y defendió su política de seguridad
El Gobierno Nacional salió al cruce del informe de Amnistía Internacional (AI) que cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad en el marco del protocolo antipiquetes. El documento, titulado “Uso excesivo de la fuerza”, denunció abusos policiales durante manifestaciones pacíficas, señalando violaciones a los Principios Básicos de la ONU sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazó enérgicamente las críticas y acusó a AI de estar influenciada por una visión “alejada de la realidad social”. “Logramos terminar con 25 años de piquetes y extorsiones con mínima violencia. Este informe está del lado de los delincuentes”, afirmó en declaraciones a El Observador FM.
Bullrich defendió la política oficial, argumentando que busca garantizar los derechos de los ciudadanos afectados por los bloqueos. “Protegemos a los 46 millones de argentinos víctimas de piquetes y extorsiones”, agregó.
Las críticas de Amnistía Internacional
El informe de AI detalló varios puntos críticos sobre el protocolo antipiquetes:
- Uso indiscriminado de gases lacrimógenos y balas de goma, con impactos en la parte superior del cuerpo de los manifestantes, causando lesiones graves en cara y cabeza.
- Empleo abusivo de bastones y fuerza física por parte de las fuerzas policiales, como la Policía Federal, Gendarmería y Policía de la Ciudad.
- Persecución penal a manifestantes, con numerosas detenciones bajo acusaciones de resistencia a la autoridad, aunque muchas personas fueron liberadas horas después.
La organización aseguró que estas prácticas se alejan de los estándares internacionales de protección de derechos humanos y pidió al Gobierno argentino que revise las políticas de seguridad implementadas.
La respuesta oficial
Bullrich desestimó las denuncias y aseguró que el protocolo representa un cambio histórico en la convivencia social: “La gente está cansada de que los piqueteros sean dueños de la calle. Estamos transformando esa realidad”.
La ministra subrayó que las políticas de seguridad se implementaron con respeto por la legalidad, aunque reconoció que la conflictividad social plantea desafíos operativos.