Caso "Libra Gate": críticas a la Unidad Transitoria de Investigación y denuncias por posible encubrimiento
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) cuestionó la reciente decisión del Poder Ejecutivo de crear la "Unidad Transitoria de Investigación" para el caso conocido como "Libra Gate" y designar como responsable a la Jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia. La organización advirtió que esta medida podría comprometer la independencia de la investigación y favorecer el encubrimiento de posibles responsabilidades del Presidente, quien está implicado en la causa.
Según el CIPCE, la asignación de amplias facultades a la nueva unidad, mediante el Decreto 114/2025, excede las competencias del Poder Ejecutivo y se superpone con las funciones del Ministerio Público Fiscal, organismo autónomo encargado de las investigaciones judiciales. Entre otras atribuciones, la unidad podrá solicitar información a organismos provinciales y extranjeros, además de convocar a funcionarios, lo que, según la entidad, representa una clara injerencia del Gobierno en un caso que involucra directamente al Presidente.
Riesgos de encubrimiento e impunidad
El comunicado del CIPCE señala que la intervención del Ejecutivo en la investigación genera un "riesgo directo de encubrimiento e impunidad", en un contexto marcado por la concentración del poder y el debilitamiento de los controles institucionales. Entre los hechos que agravan esta situación, mencionan la reciente designación de jueces de la Corte Suprema por decreto y el control del Gobierno sobre organismos de fiscalización.
Desde la organización, exigen la disolución inmediata de la Unidad Transitoria de Investigación y proponen la creación de un equipo independiente conformado por organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia. También solicitan que el Ministerio Público Fiscal garantice una investigación rápida y eficaz, evitando maniobras dilatorias, y que se reforme el sistema de control para asegurar su autonomía.
Asimismo, el CIPCE reclama la implementación del sistema acusatorio federal en Comodoro Py y la creación de un mecanismo especializado en causas complejas, como medidas necesarias para fortalecer la lucha contra la corrupción.
Finalmente, la entidad subraya que la ciudadanía no puede ser testigo de decisiones que comprometan la transparencia y la rendición de cuentas, y exige un compromiso real con la justicia y la integridad de las instituciones democráticas.