2025-05-03

Confirman domiciliaria a un acusado de amenazar a un familiar con un cuchillo

Un tribunal ratificó que un acusado de amenazar con un cuchillo a un familiar seguirá con prisión domiciliaria y salidas laborales en Buta Ranquil.

En una audiencia realizada este viernes, un tribunal revisor de Neuquén confirmó por unanimidad que un hombre acusado de amenazar de muerte a un familiar con un cuchillo en Buta Ranquil continuará detenido bajo prisión domiciliaria, con autorización para realizar salidas laborales. 

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La resolución ratificó lo dispuesto por el juez de garantías Eduardo Egea el pasado 29 de abril. Según lo dictaminado, el imputado S.I.R podrá salir de su domicilio de lunes a viernes entre las 8 y las 14, y deberá cumplir con prohibiciones de acercamiento y contacto hacia la víctima, su madre y testigos del hecho.

Durante la audiencia, el fiscal Víctor Salgado y la asistente letrada Romina Travieso solicitaron revocar la domiciliaria y dictar prisión preventiva por un mes. Argumentaron que la medida era “contradictoria y absurda”, ya que no se verificó el domicilio de cumplimiento ni se estableció un control efectivo sobre el acusado.

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El caso bajo investigación

El hecho ocurrió el 28 de abril en la localidad de Buta Ranquil. S.I.R fue hasta la casa de un joven familiar y amenazó con matarlo mientras portaba un cuchillo de 20 centímetros. El joven escapó corriendo, y la persecución fue presenciada por vecinos. La intervención de la Policía permitió detener al agresor en el lugar.

El Ministerio Público Fiscal le imputó el delito de amenazas calificadas por el uso de arma, y sostuvo que existe un riesgo procesal para la víctima. Además, recordaron que el acusado había cumplido una condena de ocho años por homicidio simple en julio del año pasado.

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Resolución final del tribunal revisor

El juez Maximiliano Bagnat, quien integró el tribunal junto a Lisandro Borgonovo y Leticia Lorenzo, anunció que no se encontraron fundamentos suficientes para revocar la prisión domiciliaria. Indicó que la resolución del juez de garantías no fue arbitraria ni ilegal.

Finalmente, el tribunal decidió imponer las costas del proceso al Ministerio Público Fiscal.

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