Conflicto territorial en Villa La Angostura
El gobierno provincial frenó el desalojo de comunidades mapuches y propuso una mesa de diálogo
El conflicto territorial que involucra a las comunidades mapuches Quintriqueo y Melo dio un giro decisivo en los últimos días. La orden de desalojo dispuesta por el juez subrogante Diego Bonorino quedó momentáneamente suspendida tras la intervención del Ministerio de Gobierno de la provincia, que propuso una mesa de diálogo para descomprimir la situación.
La medida judicial había generado una fuerte controversia a nivel local, especialmente durante el aniversario de la ciudad celebrado el pasado 15 de mayo, en un clima marcado por la tensión.
Ante el vencimiento del plazo de cinco días hábiles dispuesto por la Justicia, las comunidades organizaron una resistencia pacífica con el bloqueo de una tranquera en el ingreso al territorio en disputa.
El freno del desalojo se produjo luego de que el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, enviara una nota formal al juzgado argumentando que el operativo vulnera derechos fundamentales. “De concretarse sin medidas de contención previas, se estarían afectando a niños, niñas, adolescentes y personas mayores en situación de vulnerabilidad, en contradicción con la Ley Provincial 2302 y tratados internacionales de derechos humanos firmados por Argentina”, fundamentó.
Además de la nota escrita, se estableció una comunicación telefónica entre miembros de la comunidad y el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi, quien reiteró la voluntad del Ejecutivo de evitar una escalada del conflicto y avanzar hacia una solución pacífica e institucional.
“Nadie quiere ver policías ni violencia en un contexto político tan sensible como el actual”, señalaron fuentes cercanas a la negociación.
Desde el gobierno provincial también se recordó que el Lof Kinxikew (Quintriqueo) cuenta con personería jurídica vigente y un relevamiento territorial validado por el INAI, según la Resolución 332/23, lo que implica que el Estado reconoce la ocupación tradicional y actual del territorio en disputa.
El ministro Tobares ya había ofrecido formalmente el 13 de mayo la intervención de la Subsecretaría de Gobierno como instancia facilitadora, en el marco del expediente iniciado por el abogado Guillermo Hensel.
Sin respuestas concretas, reiteró la propuesta el 16 de mayo, solicitando formalmente abrir un espacio de diálogo entre las partes.
El conflicto escaló tras el fallo de Bonorino del 14 de abril, que no solo ordenaba el desalojo, sino que también cuestionaba al abogado de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez, acusándolo de actuar con “falta de ética” y amenazando con denunciarlo ante el Colegio de Abogados del Neuquén.
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