2025-06-02

Cambio en políticas sociales

El Gobierno nacional delega a las provincias la asistencia a personas en situación de calle

A través del Decreto 373/2025, el Ejecutivo redefine su rol en la Ley 27.654: dejará de brindar asistencia directa y quedará solo como órgano rector. Las provincias y municipios deberán asumir la ejecución.

El Gobierno nacional resolvió reducir su intervención directa en la asistencia a personas en situación de calle y trasladar esa responsabilidad a las provincias y municipios, según lo establecido en el Decreto 373/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Con esta medida, el Ejecutivo modifica el alcance de la Ley N.º 27.654, que fue sancionada para garantizar el acceso a la vivienda y proteger a personas que la han perdido o están en riesgo de perderla.

El nuevo enfoque establece que la Nación actuará solo como “órgano rector”, definiendo lineamientos generales, mientras que los programas concretos quedarán bajo jurisdicción provincial y municipal.

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Solo asistirá Nación si las provincias no pueden

La intervención nacional directa solo se activará si las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cuentan con capacidad técnica, humana o financiera para llevar adelante los programas. En todos los demás casos, serán los gobiernos subnacionales quienes deberán implementar y financiar la asistencia.

El control y coordinación general de la política quedará en manos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello.

Además de definir los criterios generales, la secretaría deberá:

  • Coordinar acciones entre provincias y Nación.

  • Monitorear el uso de los fondos si hay transferencias nacionales.

  • Supervisar que los programas cumplan los objetivos definidos en la ley.

Una política en línea con el nuevo esquema de Estado

Este cambio se inscribe en la reestructuración del rol del Estado que impulsa el Gobierno nacional, que busca descentralizar funciones, reducir su intervención directa en la gestión de políticas públicas y reforzar el federalismo mediante la transferencia de competencias a las provincias.

En un contexto de creciente demanda social, la decisión plantea interrogantes sobre los recursos disponibles a nivel provincial para atender la problemática de la población en situación de calle, que viene en aumento en las grandes ciudades del país.

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