Imputaron a Mario Lugones por el conflicto en el Garrahan
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, fue imputado por el fiscal federal Guillermo Marijuan en una causa que investiga el manejo administrativo del hospital Garrahan. La denuncia fue impulsada por Elisa Carrió y la diputada Marcela Campagnoli.
Las legisladoras acusan a Lugones de haber exigido la renuncia del Consejo Directivo del hospital "de manera arbitraria y contraria a la normativa vigente".
Qué dice la denuncia presentada por Carrió
Según la denuncia, el ministro actuó sin respetar los mecanismos establecidos, afectando la autonomía del Consejo de Administración del hospital. Además, señalan que esta decisión tuvo como objetivo evitar un “efecto contagio” en los reclamos salariales dentro de otros centros de salud del país.
El fiscal Marijuan solicitó al Ministerio de Salud un organigrama completo de autoridades del hospital, detalles sobre la composición del Consejo antes y después de octubre de 2024, y copias de las resoluciones vinculadas al otorgamiento de un bono en ese período.
Acusan uso indebido de facultades
El eje de la denuncia apunta a que el Consejo de Administración habría otorgado un bono al personal con fondos propios, sin requerir la intervención del Ministerio. Carrió y Campagnoli sostienen que el accionar del ministro respondió a un encono personal y a un intento de disciplinamiento hacia el personal administrativo.
Según las denunciantes, el objetivo habría sido amedrentar a las autoridades hospitalarias para imponer decisiones del Ejecutivo, incluso si estas contravienen normas legales vigentes.
El ministro defendió su postura y criticó a los gremios
En paralelo a la investigación judicial, Lugones justificó los recortes en el hospital y criticó la “militancia rentada”. Dijo que los recursos deben destinarse al personal médico y no a estructuras políticas internas.
El funcionario destacó un aumento unilateral para los médicos residentes, quienes pasarían a cobrar $1.300.000 desde julio, como resultado del ahorro generado por el recorte de gastos y la implementación del sistema biométrico de control de asistencia.
Rechazo gremial y nueva asamblea
Sin embargo, los gremios rechazaron el anuncio. Desde ATE advirtieron que el aumento anunciado excluye al 90% del personal del hospital y que la medida "agrava el conflicto en lugar de resolverlo". Convocaron a una asamblea para el martes 4 de junio a las 13:00, donde definirán nuevas medidas de fuerza.
Los médicos residentes también criticaron el anuncio del Ministerio por considerarlo insuficiente y recordaron que cualquier incremento debe ser discutido y aprobado en la asamblea correspondiente.