"El negocio de unos pocos está destruyendo el sistema de riesgos del trabajo"
El sistema de riesgos del trabajo en Argentina atraviesa una crisis estructural marcada por una creciente litigiosidad, fraudes periciales y la desviación de su propósito original: proteger a los trabajadores. Así lo advirtió Gonzalo De la Sierra, gerente general de Meopp ART Mutual, en una columna en la que denuncia un circuito judicial "deformado y distorsionado" que pone en jaque a todo el sistema.
Un sistema diseñado para proteger, hoy al borde del colapso
El sistema fue creado para garantizar atención médica, rehabilitación, compensaciones e indemnizaciones ante accidentes y enfermedades laborales. Aunque la normativa actual, incluida la Ley 27.348, prevé mecanismos de control y criterios técnicos, la práctica muestra un escenario alarmante.
Uno de los principales problemas es el rol de los peritos médicos judiciales. De la Sierra explica que hoy cualquier profesional puede inscribirse como perito sin concursos ni evaluación de idoneidad, y su remuneración se vincula directamente al nivel de incapacidad que dictamina. Esto genera un "conflicto de intereses" que alienta a exagerar lesiones o condiciones médicas para obtener mayores pagos.
Cifras récord y fraudes evidentes
Según De la Sierra, en 2025 se espera superar los 132.000 juicios por riesgos del trabajo, un récord histórico que no refleja un aumento real de accidentes, sino una "industria del juicio" impulsada por estudios jurídicos y peritos incentivados económicamente.
Entre los casos detectados, mencionó reclamos por 92% de incapacidad por hernias mientras los trabajadores seguían en actividad, e incluso casos donde la suma de incapacidades supera el 100%, algo médicamente inviable.
Impacto en empresas y trabajadores
Esta distorsión no solo compromete la sustentabilidad financiera del sistema, sino que también encarece los costos laborales, desalienta la inversión y pone en riesgo la generación de empleo formal. Las aseguradoras (ART) deben destinar cada vez más recursos a litigios en lugar de prevención, y las pymes enfrentan mayor incertidumbre jurídica.
Paradójicamente, los más perjudicados son los propios trabajadores, que ven reducido el acceso a un sistema ágil y eficiente cuando realmente lo necesitan.
Qué propone Meopp ART
De la Sierra plantea que la solución no requiere nuevas leyes, sino aplicar las vigentes. Propone que el Poder Judicial conforme cuerpos médicos forenses con peritos seleccionados por concurso, con honorarios fijos y desligados del resultado económico de los juicios. Así, se restablecería la imparcialidad técnica y se protegería el verdadero objetivo del sistema: cuidar la salud y el bienestar de los trabajadores.
"Cuando se transforma en negocio lo que debiera ser un resguardo, el daño ya no es individual: es estructural", concluye el ejecutivo.