Cambios en el Estado
El Gobierno disuelve el INPRES y reduce la autonomía del INA: cómo serán los nuevos organismos
El Gobierno nacional oficializó este miércoles la reestructuración de dos organismos clave de la Secretaría de Obras Públicas: el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). A través del Decreto Delegado 396/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, se dispuso la fusión del INPRES con el SEGEMAR y la pérdida de autarquía del INA, que pasará a ser una unidad organizativa dependiente de la cartera.
El regreso de una estructura unificada
La decisión de integrar el INPRES (Instituto de Prevención Sísmica) al SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino) apunta a evitar la superposición de funciones técnicas, ya que ambos organismos están abocados al estudio del subsuelo, la sismología y la gestión del riesgo geológico.
El Ejecutivo argumentó que esta unificación ya funcionó entre 1996 y 2000 bajo el Decreto 660/96, y que su separación posterior no tuvo fundamentos técnicos. “Centralizar capacidades, reducir burocracia y focalizar los recursos en la prevención de desastres naturales” es el objetivo que impulsa esta medida.
El INA pierde su autonomía
Por su parte, el Instituto Nacional del Agua, un organismo técnico-científico dedicado a la investigación hídrica y el asesoramiento especializado, dejará de funcionar como ente autárquico. Desde ahora, operará como parte de la Secretaría de Obras Públicas, sin estructuras financieras ni administrativas propias.
Según el Gobierno, la decisión se basa en que sus tareas están “directamente alineadas con las funciones que desarrolla la Secretaría, que además ejecuta las obras y programas de infraestructura hídrica”.
“La autarquía solo se justifica cuando un organismo necesita independencia funcional respecto del poder político, algo que no ocurre en el caso del INA”, sostuvieron fuentes oficiales.
Menos estructuras, más centralización
Ambas decisiones se enmarcan en el plan de reorganización del Estado nacional que impulsa la gestión de Javier Milei, orientado a reducir el gasto público, eliminar lo que considera estructuras innecesarias y concentrar funciones para ganar eficiencia operativa.