El Gobierno de Milei eliminó las jornadas de educación vial y de violencia de género en las escuelas
El gobierno de Javier Milei eliminó oficialmente las jornadas obligatorias en las escuelas sobre educación vial y prevención de la violencia de género. La medida se formalizó mediante el decreto 436/2025, publicado este viernes 27 de junio en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
Entre las principales consecuencias de esta decisión se encuentra la derogación del artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todo el país. También se eliminaron los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, que creaban el Observatorio de la Educación Vial, ahora disuelto.
Según el Gobierno, estas iniciativas implican una “superposición de funciones” con organismos ya existentes como el Consejo Federal de Seguridad Vial, y por tanto resultan “innecesarias”. El decreto argumenta que la medida busca reducir estructuras estatales duplicadas, optimizar recursos y mejorar la eficiencia administrativa.
Además, se sostiene que la organización de jornadas escolares no es responsabilidad del Estado nacional, ya que la administración educativa fue transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la Ley 24.049. “Lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 27.234 establece una responsabilidad innecesaria sobre el Poder Ejecutivo Nacional”, plantea el texto.
En cuanto a la Ley de Educación Vial, el Ejecutivo aclaró que el Observatorio creado por esa norma nunca llegó a funcionar, lo cual refuerza, según el decreto, la decisión de eliminarlo.
La disposición ya fue enviada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional, como lo establece la Ley 26.122 para los decretos de necesidad y urgencia o de delegación legislativa.
La medida entrará en vigencia el 28 de junio de 2025, al día siguiente de su publicación, y se enmarca en la política general del Gobierno de achicar el Estado y reducir el gasto público.