2025-06-28

Juzgan a un jefe policial por usar a detenidos como mozos en su casamiento

El insólito episodio ocurrió en Lonquimay, cuando el entonces encargado de la subcomisaría hizo que seis presos trabajaran en su fiesta. Fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Un oficial de la Policía de La Pampa comenzó a ser juzgado esta semana en Santa Rosa por un hecho tan insólito como grave: haber utilizado a detenidos bajo su custodia como personal de servicio durante su fiesta de casamiento. El acusado es el oficial inspector Cristian Martín Galván, quien al momento de los hechos estaba a cargo de la subcomisaría de Lonquimay.

El juicio oral se desarrolla en el Centro Judicial de la capital pampeana, bajo la presidencia del juez Aníbal Olié. Según la acusación fiscal, el 31 de mayo de 2024 Galván sacó a seis detenidos de la dependencia policial para que trabajaran como mozos, limpiadores y asistentes en el salón donde celebró su boda. La causa fue impulsada por el fiscal general Guillermo Sancho.

“Es un hecho extraño, raro. Pero claramente hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público”, indicó Sancho, quien detalló que los internos “fueron a limpiar el salón, acomodaron todo, sirvieron en la fiesta y luego limpiaron nuevamente”. El fiscal agregó que el salón estaba ubicado “a la vuelta de la subcomisaría” y que el traslado se habría realizado a pie. Afortunadamente, ninguno de los detenidos se fugó.

Durante la primera jornada del juicio declararon testigos que confirmaron el traslado y las tareas realizadas por los presos. Para este jueves está prevista la declaración de los propios detenidos involucrados. “A ellos no se les imputa nada, pero deben contar qué fue lo que sucedió”, explicó el fiscal.

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La causa se inició tras un informe interno de la propia Policía de La Pampa. El entonces coordinador regional elevó el caso a la jefatura de la Unidad Regional I, lo que derivó en una investigación penal. Además, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas abrió un sumario paralelo.

El delito que se le imputa a Galván contempla penas de entre uno y veinticuatro meses de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo.

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El caso generó amplio revuelo en la provincia, no solo por lo insólito de los hechos, sino también por la exposición de prácticas completamente fuera del marco legal en instituciones de seguridad.

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