2025-07-02

Causa Vialidad

El juez Gorini pidió a la Corte Suprema el decomiso de $86.000 millones a Cristina Kirchner

El monto corresponde al perjuicio económico causado por la adjudicación irregular de obras viales en Santa Cruz. El pedido incluye a otros ocho condenados, entre ellos Lázaro Báez y José López.

El juez federal Jorge Gorini solicitó a la Corte Suprema de Justicia el decomiso de bienes por $86.000 millones a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como parte de la ejecución de la condena en la denominada Causa Vialidad.

El monto corresponde al daño económico causado por la adjudicación direccionada de obras públicas en Santa Cruz, y está sujeto a actualización por inflación.

La cifra fue presentada ante el cuerpo de peritos contables de la Corte, quienes deberán determinar el monto definitivo a pagar por los nueve condenados en la causa, entre ellos el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

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De acuerdo al fallo ratificado por la Corte, entre 2003 y 2015, el 86% de las obras viales financiadas por el Estado en Santa Cruz fue adjudicado al Grupo Austral, de Báez, mediante licitaciones irregulares, simulación de competencia, pagos anticipados y falta total de controles.

El Tribunal Oral Federal Nº 2 describió el caso como "una de las mayores afectaciones al patrimonio del Estado probadas judicialmente en la historia argentina", lo que motivó el pedido de decomiso como forma de resarcimiento económico al Estado nacional.

El cálculo inicial se basó en peritajes sobre cinco obras testigo, entre ellas tramos de la Ruta Nacional 3 entre Caleta Olivia y Rada Tilly, en los que se detectaron sobreprecios, colusión empresarial y desvío de fondos públicos.

Según el procedimiento, una vez determinado el monto actualizado, los condenados tendrán un plazo de 10 días hábiles para abonar sus respectivas cuotas. En caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución de bienes y propiedades a nombre de los imputados.

Paralelamente, el fiscal Diego Luciani presentó un informe patrimonial de 40 páginas que detalla las propiedades, sociedades y activos de cada uno de los condenados, según consignó el portal Nuevo Día de Santa Cruz.

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