El Gobierno desreguló el mercado del gas en garrafas y eliminó precios de referencia

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la desregulación del mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP) —conocido comúnmente como el gas en garrafas—, a través del Decreto Delegado 446/2025, que modifica aspectos centrales de la Ley 26.020, vigente desde 2005.

Según explicó Federico Sturzenegger, secretario de Desregulación y Transformación del Estado, el nuevo marco normativo elimina trabas y reduce la intervención estatal en un mercado que, según sostuvo, había sido altamente regulado durante los gobiernos kirchneristas.

¿Qué cambia con el nuevo decreto?

1. Libre operación:
Ya no será necesario pedir autorización previa para operar como fraccionador, distribuidor o comercializador de GLP. Quienes cumplan los requisitos de seguridad podrán comenzar a operar directamente.

2. Inspecciones más flexibles:
La Secretaría de Energía podrá delegar las inspecciones de seguridad a organismos públicos o privados, ampliando el rol que hasta ahora tenía únicamente el ENARGAS.

3. Fin del “curro” de los centros de canje:
Se eliminó la obligatoriedad de operar mediante centros de canje, aunque las empresas deberán seguir aceptando garrafas que no sean propias. Cada compañía podrá elegir el mecanismo más eficiente para intercambiar envases.

4. Se liberan importaciones y exportaciones:
Ya no habrá restricciones para importar GLP subsidiado ni para exportar. Esto, según Sturzenegger, corrige “una injusticia del gobierno anterior con los argentinos”.

5. Se eliminan los precios de referencia:
Desde ahora, los precios de venta de garrafas serán libres y determinados por el mercado. El objetivo es promover la competencia y la eficiencia.

6. La autoridad de aplicación solo se centrará en seguridad:
Se redefine su rol exclusivamente para controlar que se cumplan las condiciones de seguridad, quitándole facultades regulatorias sobre el funcionamiento del mercado.

Una nueva lógica regulatoria

“Pasamos de un sistema donde el Estado limitaba la actividad privada, a otro donde se limita el poder paralizador del Estado”, explicó Sturzenegger. Y agregó: “Este decreto se alinea con el principio constitucional de libertad de comercio”.

La medida forma parte del paquete de reformas habilitadas tras la aprobación de la Ley Bases 27.742, que otorga al Ejecutivo facultades delegadas para modificar ciertas normativas.