Denunciaron a la jueza Sandra Arroyo Salgado por la detención ilegal de cinco militantes
Los consejeros del Consejo de la Magistratura, Mariano Recalde y Vanesa Siley, presentaron una denuncia por mal desempeño contra la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por la detención de cinco militantes políticos, acusados de participar de un escrache frente a la casa del diputado nacional José Luis Espert.
La presentación se realizó este viernes y apunta a que la magistrada habría incurrido en abuso de poder y persecución judicial, al mantener privados de la libertad e incomunicados a Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, sin que existiera violencia o daño a bienes públicos o privados.
Denuncian una "criminalización de la protesta"
En la denuncia se sostiene que la jueza ordenó la detención de los militantes sin que existieran riesgos procesales que lo justificaran, como peligro de fuga o entorpecimiento de la causa. Además, fueron alojados en cárceles de máxima seguridad. “Están siendo perseguidos por realizar acciones políticas simbólicas, sin violencia ni afectación de bienes”, indicaron.
Los cargos que pesan sobre los imputados son:
- Atentado contra el orden público (art. 213 bis del Código Penal)
- Amenazas agravadas (arts. 149 bis y ter)
- Incitación al odio por motivos políticos (Ley 23.592)
Sin embargo, desde distintos sectores apuntan a una sobreactuación judicial frente a un hecho que, en todo caso, podría configurar una contravención municipal, no un delito penal grave.
El CELS pide su excarcelación
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con la Procuración Penitenciaria de la Nación, solicitó la excarcelación de los cinco detenidos y pidió participar del expediente como amicus curiae ante la Cámara Federal de San Martín.
Desde el CELS argumentan que la causa constituye un “caso paradigmático de criminalización de la protesta” y advierten que “la prisión preventiva no puede usarse como castigo anticipado por el contenido político de una manifestación”.
“La decisión de encarcelar personas solo puede basarse en riesgos procesales. Si los imputados tienen arraigo y trabajos estables, deben transitar el proceso en libertad”, explicaron desde el organismo.
Contexto político
El caso se da en medio de un clima político marcado por la judicialización de protestas y movilizaciones en distintos puntos del país. El hecho de que las detenciones se hayan producido tras un escrache no violento y sin destrozos reaviva el debate sobre el uso excesivo de herramientas penales para disciplinar la participación política.
Por ahora, la denuncia contra Arroyo Salgado quedó registrada en el Consejo de la Magistratura, que deberá definir si abre un expediente formal y convoca a la jueza a dar explicaciones.