Reforma estatal
Milei eliminará 40 leyes por decreto: del padrinazgo presidencial al control de reuniones
El presidente Javier Milei firmará en los próximos días un decreto que eliminará más de 40 leyes vigentes, en el marco de lo que su administración denomina una “desregulación del Estado”.
El proyecto, conocido como decreto "hojarasca", fue elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y busca su publicación en el Boletín Oficial antes del vencimiento de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases.
Entre las leyes que serán derogadas figura la Ley de Padrinazgo Presidencial (20.843), que obliga al jefe de Estado a apadrinar a los séptimos hijos nacidos en el país, entregándoles una medalla, una carta y, en algunos casos, una beca simbólica. La norma rige desde 1974 y había sido establecida por la expresidenta Isabel Perón.
También se eliminará la Ley 20.120, que regula el derecho de reunión en espacios cerrados, imponiendo una notificación obligatoria a la administración pública con una anticipación de hasta 15 días. Esta norma facultaba al Poder Ejecutivo a limitar eventos si consideraba que representaban una amenaza a la seguridad pública.
El decreto incluye otras medidas llamativas como la derogación del carnet de mochilero (Ley 20.802), obligatorio para quienes viajaban por el país pidiendo ayuda para desplazarse, y la eliminación de leyes que regulaban el uso del microfilm para conservar documentación oficial en organismos como ANSES, el Ejército y el Banco Nación.
Además, se dejará sin efecto la Ley 23.634 de Cunicultura, que promovía la cría de conejos mediante beneficios fiscales, créditos y apoyo técnico, y la Ley 27.652, una estrategia integral creada en 2021 para apoyar a estudiantes afectados por el aislamiento durante la pandemia.
También caerán normas de carácter sanitario vinculadas a la prevención de la viruela y otras que promovían la constitución de asociaciones civiles con beneficios estatales.
La medida, que forma parte del plan de reformas estructurales que impulsa el oficialismo, pretende simplificar el entramado normativo estatal y “eliminar regulaciones inútiles”, según expresaron voceros del Gobierno.
Sin embargo, ya genera cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales que advierten sobre el riesgo de anular leyes sin debate parlamentario ni análisis de impacto.