Santa Cruz aprueba una ley para establecer una barrera sanitaria que limita el ingreso de asado
La Legislatura de Santa Cruz aprobó una nueva ley que busca preservar el estatus sanitario de la Patagonia, al permitir a la provincia controlar, restringir o impedir el ingreso de productos agropecuarios que no cumplan con los estándares locales. La medida fue adoptada como respuesta a la resolución 460 del Senasa, que autoriza el ingreso de carne vacuna con hueso plano —como el asado— desde zonas del país donde se vacuna contra la fiebre aftosa.
La norma fue impulsada por el diputado radical Mario Boffi, quien explicó que la ley otorga al Ejecutivo provincial las herramientas necesarias para actuar frente a posibles riesgos sanitarios. El texto también se basa en un proyecto similar presentado en la legislatura de Tierra del Fuego.
Preocupación por el estatus sanitario patagónico
Dirigentes rurales y autoridades provinciales advirtieron que esta flexibilización representa un “retroceso gravísimo” para una región que ha logrado mantener durante más de 20 años un estatus diferencial en materia de sanidad animal. Temen que la pérdida de este estatus comprometa exportaciones y mercados internacionales.
La ley permitirá a la autoridad de aplicación establecer controles en rutas, aeropuertos y puertos, y aplicar restricciones al ingreso de carnes, frutas, hortalizas, productos forestales y subproductos agropecuarios que puedan implicar riesgos fitosanitarios.
La ministra de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci, confirmó que las provincias patagónicas mantuvieron una reunión virtual para coordinar una estrategia común frente a la resolución del Senasa. “La sinergia entre lo público y lo privado es esencial para que prevalezca el interés general ante decisiones unilaterales que afectan a nuestra región productiva”, afirmó.
Preocupación por el impacto comercial internacional
Durante el encuentro regional, se acordó solicitar al gobierno nacional la documentación oficial que garantice que la medida no comprometerá el acceso a los mercados de exportación, como la Unión Europea y Chile. Hasta ahora, las provincias aseguran que no han recibido respuestas concretas por parte de Nación ni de organismos internacionales.
La ministra Ricci remarcó que no se descartan acciones legales por parte de productores y frigoríficos. “Si bien el Estado provincial no puede presentar un amparo, sí puede acompañar a los sectores afectados para que lo hagan”, explicó.
El “asado más barato” en debate
Pablo Lunzevich, secretario de Comercio provincial, cuestionó el argumento de que la resolución nacional favorece a los consumidores al habilitar carne más barata. “El supuesto beneficio de un asado más accesible no compensa el riesgo que enfrenta una economía regional construida sobre bases sanitarias diferenciales”, aseguró.
La ley deberá ser reglamentada por el Ejecutivo de Santa Cruz en un plazo máximo de 30 días. La provincia avanza así en la defensa de un sistema sanitario que ha sido clave para su desarrollo productivo y exportador.