Juicio por YPF: la jueza Preska convocó a la Argentina y a los fondos para avanzar en negociaciones
La jueza federal Loretta Preska convocó este jueves a una reunión clave entre el Estado argentino y los fondos demandantes en el caso YPF, en busca de destrabar el conflicto por el fallo que obliga al país a pagar US$ 16.000 millones tras la expropiación de la petrolera en 2012.
La cita será el martes 15 de julio a las 10 de la mañana, y no abordará el fondo del litigio, sino la posibilidad de acceder a información sensible sobre activos del Estado argentino que podrían ser embargados en caso de incumplimiento.
Fondos apuntan a embargar a empresas estatales
Los demandantes –entre ellos los fondos Burford Capital y Eton Park– buscan determinar si empresas como ARSAT, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Central (BCRA) podrían ser consideradas “alter ego” del Estado argentino y, por tanto, sus activos embargables.
“Los beneficiarios del fallo quieren información financiera y operativa de estas entidades para avanzar sobre activos”, explicó el analista Sebastián Maril, especializado en litigios contra Argentina en tribunales internacionales.
Argentina apeló, pero sin garantías
La convocatoria llega el mismo día en que la Argentina apeló la orden que la obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF, en manos del Estado, como forma de pago del fallo.
Sin embargo, según Maril, el gobierno de Javier Milei no presentó garantías al iniciar la apelación, lo que habilitó a los fondos a comenzar con pedidos de embargo.
“Cuando Milei asume, Preska le ofreció poner una garantía para seguir apelando sin embargos. Pero el gobierno decidió no hacerlo, y eso abrió la puerta a que comiencen las ejecuciones”, detalló el especialista.
Qué puede pasar
El escenario legal plantea tres opciones para Argentina:
- Negociar un pago menor con los fondos.
- Entregar el 51% de YPF (algo que Milei descartó porque requiere aprobación del Congreso).
- Enfrentar embargos sobre activos estatales en el extranjero.
Preska ya autorizó uno de esos embargos, que derivó en la entrega de las acciones de YPF, y ahora los fondos presionan para que otras empresas estatales sean declaradas "alter ego" y queden bajo riesgo de embargo.