El Gobierno autoriza operaciones encubiertas en redes para investigar delitos complejos
El Gobierno nacional aprobó un protocolo que autoriza a las fuerzas federales a realizar operaciones encubiertas en entornos digitales, con intervención judicial, para investigar delitos complejos. La medida fue oficializada mediante la resolución 828/2025, firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El nuevo marco legal establece el “Protocolo Particular para la Actuación de Agentes Encubiertos y Reveladores Digitales”, que permitirá a efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal infiltrarse en redes sociales, sitios web y plataformas digitales, en causas vinculadas a narcotráfico, trata de personas, estafas cibernéticas y otros delitos tecnológicos.
La iniciativa complementa lo dispuesto por la Ley 27.319, que regula el uso de agentes encubiertos en investigaciones criminales. Ahora, se extiende esa modalidad a los entornos virtuales, garantizando los mismos estándares legales que en operativos presenciales. El protocolo también contempla medidas especiales de protección para los agentes que participen en estas operaciones y para los testigos que colaboren con la Justicia.
Entre los delitos mencionados como prioritarios se destacan grooming, distribución de material de abuso sexual infantil, tráfico de armas, y fraudes financieros cometidos en línea. La resolución reconoce que muchas de estas actividades ilícitas se han trasladado al ámbito digital, exigiendo nuevas herramientas para su abordaje.
Además de habilitar las infiltraciones, la norma ordena la capacitación específica de los agentes en técnicas de investigación digital. De esta manera, se busca mejorar la capacidad operativa del Estado frente al crimen organizado y fortalecer la obtención de evidencia digital válida en los tribunales.
Especialistas en seguridad informática y derecho penal coinciden en que esta medida representa un paso relevante hacia una modernización de los métodos de inteligencia criminal. También señalan la necesidad de un control riguroso y transparente para evitar abusos y proteger los derechos de los ciudadanos en el entorno digital.
Con este protocolo, el Gobierno busca dotar a las fuerzas de seguridad de mayores herramientas para enfrentar el avance del delito en el ciberespacio, un fenómeno en crecimiento que requiere respuestas ágiles y adaptadas a los desafíos tecnológicos actuales.