2025-08-19

El Gobierno eliminó 15 programas de vivienda y trasladó costos a provincias y municipios

La resolución 1199/2025 firmada por Luis Caputo derogó planes como “Casa Propia”, “Argentina Construye” y el Procrear. La medida busca “eficiencia” en la obra pública y redefine el financiamiento de proyectos en curso.

El gobierno de Javier Milei oficializó este martes la derogación de 15 programas y subprogramas de vivienda, en el marco del plan de ajuste y reestructuración del Estado. La medida fue dispuesta mediante la Resolución 1199/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y lleva la firma del titular de la cartera, Luis Caputo.

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Según el texto oficial, el objetivo es lograr una “mayor eficiencia y reordenamiento de la obra pública”, en línea con la emergencia pública vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, la norma redefine los convenios de obras en curso, trasladando una mayor carga financiera a provincias y municipios, que podrán asumir el financiamiento con posibilidad de recuperar fondos en algunos casos.

Entre los programas derogados se encuentran:

  • Programa Federal Argentina Construye
  • Argentina Construye Solidaria
  • Habitar la Emergencia
  • Plan Nacional de Suelo Urbano (y sus subprogramas de Producción de Suelo, Capacitación, Mesa Intersectorial y Observatorio de Acceso al Suelo)
  • Programa Nacional de Reactivación y Terminación de Obras de Vivienda, Infraestructura y Hábitat
  • Casa Propia - Construir Futuro (incluidos subprogramas Casa Activa, Habitar Comunidad, Autoconstrucción Participativa Cáritas y Habitar Inclusión)
  • Programa de Planificación y Ordenamiento Territorial
  • Programa Reconstruir
  • Programa de Regularización Dominial
  • Plan Argentina Hace
  • Fondo Fiduciario Procrear (Crédito Argentino del Bicentenario)

La resolución establece que, en los casos en que no haya incumplimiento por parte de los gobiernos provinciales, la Ciudad de Buenos Aires o municipios, estos podrán continuar financiando las obras. El mecanismo contempla la posibilidad de compensar el financiamiento con fondos de recupero ya recaudados o pendientes de devolución al Estado Nacional.

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El Gobierno argumentó que los programas eliminados no cumplían con los “criterios de eficiencia necesarios en el contexto actual” y reiteró que el objetivo es optimizar recursos y reducir la estructura estatal.

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