2025-09-02

Denunciaron a Patricia Bullrich por abuso de autoridad tras su pedido de allanamientos a periodistas

El abogado Gregorio Dalbón acusó a la ministra de Seguridad por solicitar allanamientos a Jorge Rial, Mauro Federico y a los estudios de Carnaval Stream. Aseguró que se trata de un intento de censura previa.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada este martes por el delito de abuso de autoridad, luego de haber solicitado allanamientos a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, así como a los estudios de Carnaval Stream.

La presentación judicial fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, en respuesta a la denuncia del Poder Ejecutivo por una presunta violación a la Ley de Inteligencia.

Según consta en el escrito firmado por Fernando Soto, abogado del Ministerio de Seguridad, se reclamaba que la Justicia ordenara un “allanamiento y secuestro forense en las oficinas y estudios de Carnaval Stream”, con la incautación de servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups y demás documentación vinculada a la difusión del material investigado.

Dalbón sostuvo que la medida perseguía “el único fin de amedrentar, censurar y restringir la libertad de prensa”, y advirtió que se trataba de medidas “manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.

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Además, Bullrich había pedido una cautelar para prohibir la difusión, reproducción o circulación de los audios y otros materiales obtenidos en la supuesta operación ilícita denunciada, lo que el abogado calificó como un claro intento de censura previa.

“La denuncia efectuada por Bullrich no solo se dirige contra periodistas concretos, sino que pretende restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales, lo cual es una forma de censura indirecta y masiva”, señaló Dalbón.

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El letrado solicitó a la Justicia que la ministra sea citada a prestar declaración indagatoria y consideró que el accionar configura abuso de autoridad: “El pedido de allanamiento de medios de comunicación, el secuestro de equipos de trabajo y la pretensión de prohibir la difusión de información periodística constituyen órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional”.

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