El fiscal Stornelli reivindicó el derecho constitucional de proteger las fuentes periodísticas
El fiscal federal Carlos Stornelli requirió este martes la apertura de una investigación judicial en torno a la denuncia presentada por el Gobierno nacional, que apunta a una supuesta operación de inteligencia ilegal mediante la cual se habrían grabado conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Sin embargo, Stornelli fue categórico al remarcar que la pesquisa “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional”. En ese sentido, aclaró que solo podrían incorporarse datos si algún comunicador decidiera voluntariamente aportarlos.
El fiscal también subrayó que “esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente”, aunque aclaró que la investigación no impide analizar las conductas ya denunciadas.
La respuesta del fiscal surgió tras un pedido del abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien solicitó allanar el canal de streaming que difundió los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y a Karina Milei. También había requerido que se requisaran los domicilios de periodistas y empresarios vinculados al medio en cuestión.
Con esta aclaración, Stornelli marcó los límites constitucionales que deberán regir la investigación, en un contexto de fuerte tensión política por la filtración de grabaciones y mensajes privados.