Presentan un amparo colectivo para restituir pensiones a personas con discapacidad
En Río Negro, las asociaciones civiles Cre-Arte, El Brote y ACUFA Camino Abierto, junto a ciudadanas directamente afectadas, presentaron un amparo colectivo contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ante la Justicia Federal de Viedma. El objetivo es exigir la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas en la provincia.
La presentación contó con el acompañamiento de los legisladores del bloque Vamos con Todos, Magdalena Odarda y José Luis Berros, quienes se pusieron a disposición para respaldar el reclamo frente a lo que denunciaron como una interrupción intempestiva del cobro de haberes, realizada sin notificación previa y mediante auditorías cuestionadas por ilegítimas.
En el escrito, los amparistas solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 843/2024 y la nulidad de todas las auditorías efectuadas en su marco, al considerar que constituyen medidas regresivas que vulneran derechos adquiridos, afectan la seguridad social y dejan a las personas con discapacidad en situación de desprotección extrema.
“Estamos ante una medida ilegal, arbitraria y profundamente inhumana. Quitar de un día para el otro un beneficio de carácter alimentario, sin notificación previa y sin garantizar el derecho a la defensa, constituye un verdadero atropello a los derechos humanos más básicos”, expresó Magdalena Odarda, en línea con los fundamentos de la acción judicial.
Por su parte, José Luis Berros, presidente del bloque Vamos con Todos, ratificó el compromiso de seguir acompañando a los afectados:
“No vamos a permitir que se retroceda en materia de inclusión y protección social. Las pensiones no contributivas son una conquista que el Estado tiene la obligación de garantizar”.
Los amparistas remarcaron que estas pensiones son derechos de naturaleza alimentaria, esenciales para garantizar la vida, la salud, la dignidad y el acceso a tratamientos médicos de un sector especialmente protegido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.