2025-10-28

Se transfirió tres millones desde la cuenta de un hombre convaleciente y deberá devolverlos

Una mujer fue beneficiada con la suspensión del juicio a prueba tras haberse transferido tres millones de pesos desde la cuenta de un hombre al que asistía. El hecho ocurrió en julio de 2024 y la jueza Leticia Lorenzo dispuso que la acusada devuelva el dinero a los hijos de la víctima, quien falleció recientemente.

La jueza penal Leticia Lorenzo dispuso la suspensión del proceso a prueba de M.E.F., una mujer acusada de defraudación mediante uso no autorizado de datos bancarios, tras transferirse tres millones de pesos desde la cuenta de un hombre convaleciente a una propia.

El acuerdo fue presentado esta mañana entre las partes, luego de que en agosto se formularan los cargos. La probation incluye pautas de conducta y el compromiso de devolver el dinero a los hijos de la víctima, quien falleció recientemente.

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Un hecho ocurrido en 2024

Los hechos se registraron en julio de 2024, en el marco de una relación de confianza entre el hombre y la acusada, quien lo asistía con trámites y pagos. Aprovechando ese vínculo, la mujer realizó una transferencia indebida de tres millones de pesos hacia una cuenta propia.

Fundamentos de la jueza

Durante la audiencia, la jueza Leticia Lorenzo recordó que la pena prevista en el Código Penal para este tipo de delitos habilita la suspensión del juicio a prueba. Además, destacó que la imputada no posee antecedentes penales, condición necesaria para acceder al beneficio.

“En esta audiencia se determinó que la imputada cumple con los requisitos: no tiene antecedentes y la escala penal habilita la pena de cumplimiento condicional”, explicó Lorenzo.

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Restablecer la armonía social

La magistrada citó el Artículo 17 de la ley procesal penal provincial, que establece que la solución del conflicto debe priorizarse por sobre la imposición de la pena, siempre que contribuya a restablecer la armonía entre las partes y la paz social.

De esta manera, el proceso judicial se suspenderá por 12 meses, período en el que la mujer deberá cumplir las condiciones impuestas y reintegrar la suma defraudada, bajo control del Ministerio Público Fiscal.

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