2025-11-19

La Corte Suprema analizará el destino de los bienes decomisados a Cristina Kirchner

Las propiedades quitadas a la expresidenta y a otros condenados pasaron formalmente a manos del máximo tribunal, que deberá decidir si se utilizarán para funciones judiciales o si serán subastadas.

Tras la orden del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), los bienes decomisados a Cristina Kirchner y a otros condenados en la Causa Vialidad —como el empresario Lázaro Báez— pasaron bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Ahora será el máximo tribunal, compuesto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el encargado de definir el destino final de los inmuebles.

El análisis estará a cargo de la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, que evaluará si corresponde asignar las propiedades a dependencias judiciales —por ejemplo, oficinas en el Sur, depósitos o espacios para realizar audiencias— o si deberán ser subastadas para recuperar activos.

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Qué bienes están involucrados

Los bienes incautados fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos, productos o activos vinculados al período en el que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. En total, se trata de 122 inmuebles, considerados parte del enriquecimiento ilícito derivado del esquema de corrupción en la obra pública.

El decomiso fue ordenado tras la condena dictada en diciembre de 2022, que estableció seis años de prisión —cumplidos bajo el régimen de prisión domiciliaria— e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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Las claves del fallo

El fallo que dispuso el decomiso señaló que, cuando los condenados resultan beneficiarios del producto o provecho del delito, la medida “se inscribe en la tradición histórica del sistema penal argentino”, orientada a evitar que el delito genere ganancias y a neutralizar los efectos patrimoniales de la conducta ilícita.

Además, remarcó que esta política pública responde a obligaciones asumidas por el Estado argentino en el marco de la Convención de la ONU contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y otros tratados internacionales.

Respecto de los bienes en manos de personas no condenadas, el fallo precisó que el decomiso solo procederá cuando se trate de personas jurídicas beneficiadas por el producto del delito o de terceros que hayan recibido los bienes de manera gratuita.

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El valor actualizado del decomiso

El monto original fijado por el TOF 2 era de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, a partir de criterios técnicos que luego fueron ratificados por la Corte Suprema.

Ante el incumplimiento de la obligación por parte de los condenados, y tal como había anticipado TN, el máximo tribunal ordenó la ejecución del decomiso para avanzar en la recuperación de activos vinculados a la causa.

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