Acusada por venta de drogas, homicidio y amenazar a una fiscal seguirá detenida hasta febrero
Plaza Huincul.– Una mujer identificada como S.C., acusada por venta de drogas, homicidio agravado y amenazas contra una fiscal, continuará detenida con prisión preventiva hasta el 15 de febrero de 2026, luego de que la Justicia hiciera lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal.
La solicitud fue realizada por el fiscal jefe Gastón Liotard y el asistente letrado Rodrigo Blanco, quienes sostuvieron que los riesgos procesales que motivaron la detención no solo persisten, sino que se agravaron con el avance de las investigaciones y la cercanía de los juicios previstos para febrero próximo.
La imputada enfrenta tres legajos penales por hechos ocurridos en Plaza Huincul. En uno está acusada de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de instigadora; en otro, por tráfico y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización como organizadora; y en el tercero, por abuso de armas. La fiscalía remarcó que, frente a este cuadro y a la elevada expectativa de pena, la prisión preventiva es la única medida eficaz para asegurar su comparecencia a juicio y evitar interferencias en el proceso.
Durante la audiencia, los representantes del MPF recordaron que desde el inicio de la investigación, el 13 de junio, se acreditaron elementos que refuerzan el peligro de fuga, como la falta de arraigo laboral, una solvencia económica significativa vinculada a movimientos de dinero y bienes, y la gravedad de los delitos imputados. En un primer momento, la jueza Laura Barbé había dispuesto prisión domiciliaria, pero esa medida fue revocada pocos días después cuando la fiscalía formuló nuevos cargos.
Según se expuso, mientras cumplía arresto domiciliario, la imputada habría ofrecido dinero, armas y un vehículo a cambio del homicidio de la fiscal que la investigaba, hecho que derivó en la imposición de la prisión preventiva por orden de otro juez de garantías.
El fiscal Liotard agregó que a ese contexto se suma una reciente condena federal por infracción a la ley de estupefacientes y los resultados del análisis de teléfonos celulares, que revelarían maniobras de organización y distribución de drogas en volúmenes relevantes. También señaló que el domicilio propuesto por la defensa en Zapala para una eventual prisión domiciliaria no reúne condiciones mínimas de seguridad.
Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Diego Chavarría Ruiz avaló el planteo del Ministerio Público Fiscal y dispuso la prórroga de la prisión preventiva por cuatro meses, hasta mediados de febrero de 2026, en coincidencia con la realización de los juicios luego de la feria judicial.
En el mismo marco, la fiscalía solicitó extender el plazo de investigación en la causa por venta de drogas, debido a que aún restan pruebas clave, como una pericia contable y el informe final del análisis de tres teléfonos celulares por parte de la División Antinarcóticos de la Policía. El pedido fue aceptado sin oposición.
En contraste, el MPF no solicitó prorrogar las medidas cautelares para otros imputados en la causa, identificados como M.G.A., T.L.A., G.L.M. y A.V., al anticipar que se trabaja en salidas alternativas al juicio. Ante esta postura, el juez dispuso el cese de la prisión domiciliaria que hasta ayer cumplía A.V.