Denuncian espionaje en Entre Ríos: hallaron micrófonos y cámaras ocultas en el despacho de Rogelio Frigerio
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció este miércoles el hallazgo de micrófonos y cámaras ocultas en dependencias oficiales, entre ellas su propio despacho y la Secretaría General de la Gobernación. El hecho fue calificado como “gravísimo” y derivó en denuncias penales e investigaciones administrativas para determinar responsabilidades.
Hallaron dispositivos de espionaje en oficinas del Gobierno provincial
Según informó oficialmente el Gobierno entrerriano, los dispositivos de grabación de audio y video fueron encontrados en distintas áreas clave de la administración. Algunos estaban instalados en el despacho del gobernador y otros en la Secretaría General, que encabeza Mauricio Colello.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que no existen antecedentes de una situación similar en Entre Ríos desde el retorno de la democracia.
La denuncia de Frigerio y el mensaje político
El propio Frigerio confirmó el episodio a través de sus redes sociales. “Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría General de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes”, expresó.
En ese sentido, el mandatario fue contundente: “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”.
Denuncia penal e investigación administrativa
Tras el hallazgo, las autoridades dispusieron dos medidas inmediatas. Por un lado, se presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes colocaron los dispositivos, desde cuándo estaban instalados y con qué finalidad.
En paralelo, se inició una investigación administrativa interna para establecer posibles responsabilidades o complicidades dentro de la estructura del Estado provincial.
Sospechas previas y operativo de detección
El operativo se activó luego de que funcionarios detectaran que conversaciones privadas circulaban públicamente poco tiempo después de producirse. Ante esas sospechas, intervino personal de la Policía de Entre Ríos, que constató la existencia y el tipo de los dispositivos ocultos.
“Un delito grave contra la institucionalidad”
En un comunicado oficial, el Gobierno provincial sostuvo que estas prácticas “constituyen un delito grave” y atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas.
“El tiempo de las prácticas de control, espionaje y persecución política se terminó”, afirmaron desde la gestión actual, en alusión a los más de 20 años de gobiernos justicialistas previos en la provincia.
La investigación irá “hasta el fondo”
Las autoridades entrerrianas aseguraron que la investigación buscará determinar quiénes instalaron los dispositivos, a quién respondían y qué uso se hizo de la información obtenida.
“No vamos a mirar para otro lado ni a relativizar lo ocurrido”, remarcaron, y aseguraron que el proceso de “saneamiento institucional” iniciado en diciembre de 2023 no se va a detener.