2026-01-26

Política | Congreso

El Gobierno confirmó que avanzará con la baja de la edad de imputabilidad en 2026

El oficialismo ratificó que impulsará la reducción de la edad de imputabilidad como parte de la reforma del Código Penal. La iniciativa fue confirmada por Martín Menem y cuenta con el respaldo de Patricia Bullrich, que pidió acelerar el debate del Régimen Penal Juvenil.

El Gobierno nacional confirmó que avanzará con la baja de la edad de imputabilidad como parte de la reforma integral del Código Penal, un proyecto que el oficialismo buscará debatir en el Congreso durante 2026. La definición fue ratificada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a través de un mensaje en redes sociales.

“En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal. Tenemos clara nuestra posición”, expresó Menem, dejando en claro que se trata de una de las prioridades legislativas del oficialismo para el próximo período parlamentario.

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El oficialismo busca acelerar el debate del Régimen Penal Juvenil

En la misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó que el Congreso acelere el tratamiento del Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que forma parte del debate sobre la responsabilidad penal de menores.

“Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso”, escribió Bullrich, en un mensaje que refuerza la decisión política del Gobierno de avanzar con cambios en materia penal y de seguridad.

La reforma del Código Penal, uno de los ejes legislativos

La baja de la edad de imputabilidad se enmarca en la reforma del Código Penal, un paquete de modificaciones que el oficialismo considera clave para actualizar el sistema penal argentino. Si bien aún no se difundieron detalles sobre la edad mínima que se propondrá, el tema anticipa un debate intenso en el Congreso y entre distintos sectores políticos y sociales.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa apunta a dar respuesta a hechos delictivos protagonizados por menores, mientras que desde la oposición y organizaciones de derechos humanos ya anticipan cuestionamientos al enfoque punitivo.

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