Vignaroli detalló cómo se habría desviado $1.206 millones del programa de capacitación a Viento Sur

El fiscal jefe Pablo Vignaroli brindó detalles sobre la reformulación de cargos en la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a un programa de capacitación ejecutado por la cooperativa Viento Sur.

Según explicó, durante la investigación el Ministerio Público Fiscal determinó que el dinero transferido a la cooperativa fue utilizado con una finalidad distinta a la prevista en el programa. A partir de allí, la fiscalía comenzó a analizar los expedientes administrativos para establecer en qué condiciones los ministros debían autorizar los pagos a Tesorería.

“Notamos una serie de irregularidades en la tramitación de esas órdenes, lo que nos dio la pauta de que claramente no estaban cumpliendo con la normativa de administración financiera ni con el decreto que creó el programa”, sostuvo Vignaroli. Por ese motivo, se les atribuye el rol de autores o coautores del delito de administración fraudulenta.

El monto total entregado a la cooperativa entre julio de 2022 y diciembre de 2023 asciende a 1.206 millones de pesos a valores históricos. Los fondos debían destinarse a capacitaciones en oficios para personas asociadas a la entidad, con el objetivo de facilitar su inserción laboral.

De acuerdo con la acusación, la cooperativa —vinculada a la organización social FOL— no habría realizado las capacitaciones previstas.

En cambio, parte del dinero fue depositado en cuentas bancarias de particulares bajo el concepto de “salarios”, sin contratos de trabajo ni documentación respaldatoria.

También se habrían utilizado fondos para la compra de inmuebles en Junín de los Andes y San Martín de los Andes, vehículos y para solventar gastos de la organización.

El fiscal indicó que la Contaduría General de la Provincia advirtió irregularidades en la rendición de cuentas, pero pese a ello los desembolsos continuaron realizándose de manera mensual.

En relación a los integrantes del FOL, entre ellos Diego Mauro y la exdiputada Gabriela Supisich, Vignaroli señaló que todos fueron acusados por la misma maniobra, algunos como coautores y otros como partícipes necesarios.

Aclaró además que, a diferencia de la causa por planes sociales, en este caso la fiscalía no encuadró los hechos como asociación ilícita, ya que no se acreditó una estructura organizada con roles definidos.

El delito de administración fraudulenta prevé una pena de uno a seis años de prisión. El fiscal adelantó que, una vez cerrada la etapa de investigación, prevista para abril, estarán en condiciones de presentar la acusación formal y avanzar hacia el juicio, instancia en la que se determinarán eventuales responsabilidades y penas.

Cadena Uno