Intento de extorsión en una obra de Centenario: cinco acusados pagarán $5 millones y harán tareas comunitarias
Cinco hombres acusados de intentar extorsionar a un trabajador de la construcción en la ciudad de Centenario deberán pagar $5 millones en concepto de reparación económica y realizar tareas comunitarias, tras un acuerdo de suspensión de juicio a prueba admitido por la Justicia de Neuquén.
El pedido fue realizado por el fiscal del caso Juan Narvaez y el asistente letrado Facundo Bernat, y fue avalado este jueves por la jueza de garantías Carina Álvarez, durante una audiencia en la que también se fijaron las condiciones que deberán cumplir los imputados.
Cómo fue el intento de extorsión en una obra del Parque Industrial de Centenario
El hecho ocurrió el 23 de abril de 2025 en una obra ubicada en el barrio Parque Industrial de Centenario.
Según la acusación, uno de los imputados se presentó en el lugar y le dijo al trabajador que “tendrían que haber arreglado con ellos”, en referencia a un contacto telefónico previo en el que se había identificado como integrante de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).
De acuerdo con la investigación, en esa comunicación se habría exigido $4.000.000 para permitir que continuara la construcción de un galpón.
Volvieron con más personas y reiteraron la exigencia de dinero
La teoría del caso sostiene que, tras la negativa del trabajador a pagar el dinero, el hombre se retiró del lugar.
Sin embargo, dos horas después regresó acompañado por otros cuatro hombres, momento en el que volvieron a plantear la exigencia económica.
Ante la situación, se dio aviso a la policía. Los efectivos llegaron al lugar y lograron demorar a tres de los involucrados, lo que impidió que la maniobra se concretara.
El delito imputado: extorsión en grado de tentativa
El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como extorsión en grado de tentativa, en carácter de coautores, de acuerdo con los artículos 168, 42 y 45 del Código Penal.
En lugar de avanzar a juicio, la fiscalía solicitó la suspensión del proceso a prueba, una salida alternativa que permite suspender el trámite penal si los imputados cumplen determinadas condiciones durante un plazo establecido.
Deberán pagar $1 millón cada uno y realizar tareas comunitarias
Como parte del acuerdo judicial, cada uno de los imputados deberá pagar $1.000.000, lo que suma $5.000.000 en total como reparación económica.
Además, deberán realizar tareas comunitarias en una asociación civil y cumplir diversas pautas de conducta durante el período fijado por la Justicia.
Entre las principales obligaciones se encuentran:
- Fijar y mantener domicilio.
- Someterse al control de la Dirección de Asistencia a la Población Judicializada.
- Abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas.
- No mantener contacto ni acercarse a la víctima.
Los plazos de suspensión del juicio fijados por la Justicia
La jueza Carina Álvarez estableció distintos plazos de suspensión del proceso, de acuerdo con el grado de participación atribuido a cada imputado:
- 2 años y 6 meses: F.V.J.O.
- 1 año y 6 meses: L.A.M. y A.J.A.
- 1 año: L.A.A. y E.F.A.C.
Si cumplen todas las condiciones durante ese período, la acción penal se extinguirá y no quedarán antecedentes penales por este hecho.
En cambio, si incumplen las reglas o cometen un nuevo delito, el beneficio será revocado y el caso continuará hacia un juicio.