Quién es la ex diputada que fue socia en un entramado de corrupción
Neuquén.- La investigación judicial que indaga el presunto desvío de fondos públicos durante el gobierno del ex gobernador Omar Gutiérrez comenzó a revelar una trama compleja en la que aparecen mezclados ex funcionarios y dirigentes de organizaciones sociales. Entre los nombres que hoy están bajo la lupa se encuentra el de una ex diputada provincial de la izquierda neuquina.
Se trata de Gabriela Suppicich, dirigente del Partido Obrero que ocupó una banca en la Legislatura hasta febrero de 2025, cuando dejó su lugar para cumplir con el sistema de rotación que caracteriza al Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Hasta entonces, había construido su perfil político con fuertes críticas a la gestión provincial y con un discurso confrontativo hacia el poder político.
Sin embargo, la investigación judicial abrió un interrogante incómodo: si ese enfrentamiento público con el gobierno provincial de Omar Gutiérrez no era, en realidad, una pantalla. En ámbitos políticos y judiciales crece la sospecha de que algunos dirigentes que agitaban reclamos sociales en las calles podían, al mismo tiempo, estar recibiendo fondos que terminaban funcionando como un mecanismo para desactivar protestas.
Según trascendió en la causa, Suppicich habría recibido 13 transferencias entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 por un total de 4.726.469 pesos. Los movimientos aparecen vinculados a la investigación que analiza el destino de fondos públicos entregados a organizaciones sociales durante la última etapa del gobierno de Gutiérrez.
El expediente también tiene bajo la mira a dos ex ministros del área social de esa gestión: Abel Di Luca y Germán Chapino, quienes fueron imputados en la causa que intenta determinar cómo se manejaron recursos destinados a organizaciones civiles.
La pesquisa, que conduce el fiscal jefe Pablo Vignaroli, apunta al presunto desvío de fondos otorgados a la cooperativa Viento Sur (compuesta por organizaciones sociales) a través de un programa oficial creado en 2022. Según la fiscalía, el perjuicio para el Estado provincial superaría los 1.200 millones de pesos a valores históricos.
Mientras la causa avanza y comienzan a aparecer nuevos detalles, el caso ya dejó una imagen política difícil de explicar: dirigentes que públicamente cuestionaban al gobierno de turno podrían haber estado, al mismo tiempo, dentro de un esquema de transferencias millonarias. La trama aún está lejos de cerrarse, pero por ahora ya hay tres nombres que la Justicia tiene como involucrados: dos ex ministros y una ex diputada que, hasta hace poco, ocupaba un lugar en la Legislatura neuquina.