La fiscalía desestimó una denuncia contra el municipio de San Martín de los Andes por el uso de Mercado Pago
San Martin de los Andes.- El Ministerio Público Fiscal resolvió desestimar la denuncia presentada contra la Municipalidad de San Martín de los Andes por el uso de una cuenta de Mercado Pago destinada al cobro del estacionamiento medido.
La decisión fue tomada por el fiscal jefe Gastón Ávila, quien concluyó que no existió delito penal, luego de analizar la información recabada durante la investigación iniciada tras la denuncia presentada el 20 de enero por el contralor municipal Jorge Alberto Fernández.
La denuncia cuestionaba el manejo de los fondos
El planteo del contralor apuntaba a la creación y administración de una cuenta de Mercado Pago a nombre del municipio, que según indicó funcionaba por fuera de los circuitos formales de tesorería y contabilidad.
En ese contexto, se mencionó la posible existencia de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La investigación del Ministerio Público Fiscal
Durante la investigación, la fiscalía solicitó información al área legal de Mercado Pago y entrevistó a funcionarios municipales, entre ellos la contadora, la tesorera y el entonces secretario de Economía y Hacienda.
También se requirió documentación a la municipalidad para analizar el funcionamiento de la cuenta.
Los datos aportados indicaron que la cuenta registró cerca de 50.000 operaciones en dos años y tres meses, desde su apertura en junio de 2024.
Durante ese período se realizaron dos transferencias a la cuenta oficial del municipio en el Banco Provincia del Neuquén:
-
Diciembre de 2025: $78.811.842,67
-
Enero de 2026: $12.724.672,01
En total, se transfirieron $91.536.514,68. Al 21 de enero de 2026, el saldo restante en la cuenta era de $25.135.014,50.
La cuenta fue autorizada por decreto municipal
Según pudo establecer la fiscalía, la apertura de la cuenta no fue un acto clandestino, ya que estaba respaldada por el Decreto 386/24, firmado por el intendente, que autorizó el uso de plataformas de pago electrónico para el cobro del estacionamiento medido en la ciudad.
La fiscalía descartó malversación o desvío de fondos
Tras analizar toda la evidencia, el fiscal jefe determinó que “ni un solo centavo fue desviado de las arcas del municipio hacia terceros o en beneficio de algún funcionario”, por lo que descartó las figuras penales de peculado o malversación de fondos.
También se rechazó el planteo sobre un presunto perjuicio económico por no haber invertido el dinero para generar intereses. En el dictamen se explicó que en la administración pública prima el criterio de prudencia, priorizando la preservación del capital y la disponibilidad inmediata de los fondos.
Retrasos administrativos pero sin delito penal
La investigación sí constató demoras en responder pedidos de información del contralor, situación que había generado las sospechas iniciales.
Sin embargo, la fiscalía determinó que este hecho no configura un delito penal, aunque remarcó que existen herramientas administrativas para sancionar este tipo de incumplimientos.
El fiscal Ávila recomendó que en adelante los pedidos de información se respondan en tiempo y forma para evitar conflictos institucionales.
La denuncia fue desestimada
Finalmente, el Ministerio Público Fiscal resolvió desestimar la denuncia al considerar que los hechos investigados no constituyen delito, de acuerdo con el artículo 131 inciso 1 del Código Procesal Penal de Neuquén.
El contralor municipal fue notificado de la resolución y cuenta con cinco días para solicitar la revisión ante un juez de garantías.