Neuquén da el primer paso para actualizar su Código de Faltas

La provincia de Neuquén comenzó el proceso para reformar su Código de Faltas, una normativa vigente desde 1962 que busca ser actualizada para adaptarse a las nuevas realidades sociales, culturales y tecnológicas. La comisión especial encargada de esta tarea quedó formalmente constituida en la Legislatura del Neuquén.

El espacio estará presidido por el diputado Matías Martínez, mientras que Marcelo Bermúdez se desempeñará como secretario.

La reunión constitutiva fue encabezada por la vicepresidenta primera de la Cámara, Zulma Reina, quien destacó la necesidad de modernizar un código de convivencia con más de seis décadas de antigüedad.

“Es fundamental contar con una herramienta acorde a las demandas actuales de la sociedad”, sostuvo Reina, al remarcar los cambios culturales, sociales y tecnológicos que se han producido desde la sanción de la norma.

Por su parte, Martínez convocó a alcanzar un “gran acuerdo social” que permita garantizar la convivencia en un contexto de profundas transformaciones en la provincia, en gran parte vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta. También adelantó que la comisión buscará escuchar a todos los sectores y recoger distintas propuestas.

En tanto, Bermúdez —impulsor de la iniciativa— señaló que el actual Código Contravencional está desactualizado y no se aplica de manera homogénea en toda la provincia, por lo que consideró clave avanzar hacia una reforma integral basada en consensos políticos e institucionales.

Trabajo articulado y ejes de la reforma

La comisión contará con representantes de los tres poderes del Estado. Por el Poder Judicial participarán funcionarios especializados, mientras que el Ejecutivo y el Legislativo también designaron referentes para acompañar el proceso. Además, se designó al diputado Gerardo Gutiérrez como coordinador de la organización del trabajo.

Durante la reunión, se propuso fijar los días lunes como jornada de trabajo y avanzar en la elaboración de un cronograma. También se planteó la incorporación de herramientas digitales para garantizar transparencia y seguimiento del proceso.

El objetivo central será construir un nuevo marco normativo más claro, accesible y acorde a la realidad actual, que promueva la convivencia y el orden público. La reforma deberá respetar principios fundamentales como la legalidad, la proporcionalidad, el debido proceso, el derecho de defensa y la no discriminación.

La comisión tendrá un plazo inicial de seis meses para elaborar un anteproyecto, con posibilidad de prórroga por igual período. El texto final será elevado para su tratamiento legislativo, en lo que se perfila como una de las reformas institucionales más relevantes de los últimos años en la provincia.