2026-05-06

Imputan a integrantes de una comunidad mapuche por bloquear una cantera en Añelo

La fiscalía los acusó de impedir la explotación del predio mediante amenazas y cortes de acceso. La Justicia fijó medidas de coerción y un plazo de investigación de cuatro meses.

Añelo.- El Ministerio Público Fiscal de Neuquén formuló cargos contra un grupo de personas integrantes de una comunidad mapuche, acusadas de impedir la explotación de una cantera en un campo de Añelo mediante bloqueos y amenazas.

La acusación fue presentada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y la asistente letrada Tanya Cid, quienes atribuyeron a los imputados el delito de turbación de la posesión en carácter de coautores.

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Según la investigación, el 24 de enero de 2026, cerca del mediodía, los acusados ingresaron al predio y bloquearon el acceso a la cantera. En ese contexto, interceptaron a trabajadores que se dirigían a iniciar tareas y les impidieron el paso, bajo amenazas de dañar e incendiar los vehículos. Para concretar la maniobra, colocaron camionetas sobre el camino de ingreso, obligando a los operarios a retirarse.

De acuerdo con la fiscalía, la ocupación se extendió hasta el 5 de marzo. Durante ese período, los imputados permanecieron en el lugar con estructuras precarias y un sistema de relevo de personas, lo que impidió de forma sostenida el ingreso del propietario y el desarrollo de la actividad minera, generando perjuicios económicos.

El equipo de Delitos Económicos detalló que cuenta con denuncias, testimonios, actas policiales, registros audiovisuales y documentación sobre la titularidad del inmueble como parte de la evidencia reunida.

En la audiencia, la fiscalía solicitó medidas cautelares para evitar la reiteración de los hechos, entre ellas la prohibición de realizar nuevos bloqueos, impedir el acceso al predio o mantener contacto con el denunciante y personas vinculadas a la actividad.

La defensa rechazó la acusación y se opuso a las medidas, incluso intentó recusar a la jueza, planteo que fue desestimado.

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La jueza de garantías Carina Álvarez dio por formulados los cargos, aunque descartó el agravante por participación de menores al considerar que su presencia fue incidental.

Además, fijó un plazo de cuatro meses para la investigación y dispuso medidas de coerción por ese mismo período: los imputados deberán abstenerse de realizar actos de turbación o bloqueo y no podrán tener contacto con el denunciante, su familia ni los trabajadores.

Por último, la magistrada rechazó pedidos de la defensa para la devolución de vehículos secuestrados, al considerar que podrían ser decomisados en caso de una eventual condena.

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