Diputados aprobó la ley Hojarasca y avanza la reforma de Zonas Frías
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la denominada ley Hojarasca, una de las iniciativas centrales del plan de reforma del Estado impulsado por el Gobierno nacional. El proyecto obtuvo 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones, y ahora deberá ser tratado en el Senado.
La ley Hojarasca aprobada en Diputados deroga más de 70 normas y avanza en la fusión de organismos estatales. El proyecto forma parte del plan de desregulación del Gobierno y ahora será debatido en el Senado. En paralelo, se impulsa una reforma del régimen de Zonas Frías para focalizar los subsidios al gas en hogares de menores ingresos.
El proyecto fue aprobado en la Cámara baja con 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, tras un debate atravesado por la discusión sobre el rol del Estado y el nivel de intervención en la economía.
El oficialismo logró reunir los apoyos necesarios para dar media sanción a una iniciativa que ahora continuará su tratamiento en la Cámara de Senadores, donde se espera una nueva discusión política.
La iniciativa plantea la derogación de normas sancionadas durante distintas etapas del siglo XX, bajo el argumento de que muchas quedaron desactualizadas o fueron reemplazadas por legislaciones posteriores.
También impulsa una revisión del esquema regulatorio bajo el principio de “máxima libertad”, sosteniendo que aquello que no está prohibido por la Constitución no requiere autorización específica del Estado.
Desde el Gobierno se sostiene que el sistema normativo acumuló sobrerregulación durante décadas, generando trabas administrativas, costos innecesarios y estructuras estatales consideradas ineficientes.
En ese marco, la ley forma parte de una estrategia más amplia de reducción del gasto público y simplificación del aparato estatal.
En paralelo al tratamiento de la ley Hojarasca, el oficialismo avanza con la reforma del régimen de Zonas Frías, que actualmente subsidia el consumo de gas en amplias regiones del país.
La propuesta busca focalizar los subsidios únicamente en hogares de menores ingresos y en zonas históricamente alcanzadas por el beneficio, reduciendo su alcance actual.
El proyecto plantea limitar los descuentos a usuarios incluidos en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, que contempla hogares de bajos ingresos, beneficiarios de programas sociales, titulares del ReNaBaP, excombatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.
El objetivo del Gobierno es reducir el universo de beneficiarios y concentrar la asistencia estatal en sectores vulnerables, en línea con la política de ajuste fiscal.