Debate por el financiamiento universitario
El Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificar la ley de financiamiento universitario
El Gobierno nacional presentó en el Congreso un proyecto de ley para reemplazar la actual Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, vigente desde octubre de 2025 y actualmente judicializada tras la suspensión de su aplicación por parte del Poder Ejecutivo debido a la falta de fuentes de financiamiento específicas.
La iniciativa lleva la firma del presidente Javier Milei, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y propone una nueva estructura normativa para compatibilizar las necesidades presupuestarias de las universidades nacionales con las partidas contempladas en el Presupuesto 2026.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación explícita de fuentes concretas de financiamiento, aspecto que el oficialismo había cuestionado de la legislación vigente y que derivó en el conflicto judicial con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
En ese marco, fuentes oficiales señalaron que el avance definitivo de la propuesta dependerá de que el CIN retire la medida cautelar actualmente en trámite ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que la Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendiera provisoriamente la obligación del Ejecutivo de aplicar la ley vigente.
En materia presupuestaria, el texto establece que los fondos destinados al Programa 26 de Desarrollo de la Educación Superior serán ajustados si la inflación medida por el IPC del INDEC supera el 14,3% anual, porcentaje utilizado como referencia para elaborar el Presupuesto 2026.
Además, el proyecto contempla una recomposición específica para los hospitales universitarios, con un incremento de $80.072 millones destinados a fortalecer la asistencia financiera y garantizar el funcionamiento del sistema sanitario dependiente de las casas de altos estudios.
En paralelo, el Ministerio de Capital Humano ya solicitó a todas las universidades nacionales un relevamiento detallado sobre las necesidades de infraestructura y funcionamiento de sus hospitales.
Respecto de los salarios, la iniciativa prevé una recomposición escalonada para docentes y no docentes: un aumento del 4,1% desde marzo, otro 4,1% en julio y un tercer tramo igual a partir de septiembre, todos calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025.
También establece la obligación de convocar a paritarias dentro del mes siguiente a la eventual sanción de la ley, con una periodicidad máxima de tres meses entre negociaciones.
Según el texto oficial, los recursos serán cubiertos por partidas de la Jurisdicción 88 del Ministerio de Capital Humano y, en caso de excedentes, por fondos de la Jurisdicción 91, mecanismo que busca evitar objeciones legales por ausencia de respaldo presupuestario.
El proyecto fija además objetivos orientados a garantizar el ingreso, permanencia y graduación de estudiantes, ampliar la oferta académica según necesidades estratégicas del país, fortalecer la investigación científica y aumentar el alcance de las becas para sectores vulnerables.
La iniciativa ya ingresó formalmente al Congreso, aunque todavía no comenzó su tratamiento en comisiones. Su discusión se dará en medio de un clima de fuerte tensión entre el Gobierno y la comunidad universitaria, luego de la masiva movilización federal realizada el pasado 13 de mayo, la cuarta protesta nacional del sector contra la administración de Milei.