2026-05-21

Investigan a una falsa médica y piden que intervenga la Justicia Federal

La fiscalía pidió que la causa contra una mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina pase al fuero federal. La investigación detectó presuntas falsificaciones de títulos, resoluciones nacionales y documentación universitaria vinculada a organismos de Argentina y Venezuela.

La investigación contra una mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina en General Roca sumó un nuevo giro judicial. El Ministerio Público Fiscal solicitó que la causa pase al fuero federal tras detectar presuntas falsificaciones de documentos públicos nacionales vinculados a títulos universitarios y habilitaciones médicas.

La decisión podría cambiar el rumbo del expediente, que ahora apunta a posibles delitos federales relacionados con documentación oficial apócrifa.

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Qué investiga la fiscalía en la causa de la falsa médica

Durante una audiencia realizada este jueves, la fiscalía explicó que existen indicios suficientes para considerar que la documentación utilizada por la mujer sería falsa.

Entre los documentos investigados aparecen:

  • un supuesto título de médica cirujana emitido en Venezuela
  • una presunta convalidación del Ministerio de Educación de la Nación
  • documentación atribuida a la Universidad Nacional del Comahue

Según sostuvo el equipo fiscal, esos documentos estarían vinculados a resoluciones nacionales apócrifas, motivo por el cual solicitaron la intervención de la Justicia Federal.

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Qué pruebas encontraron durante la investigación

La causa comenzó tras una denuncia presentada por el Ministerio de Salud de Río Negro.

A partir de allí se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a la mujer investigada y a un familiar.

También hubo procedimientos en centros de salud de General Roca donde se secuestraron:

  • títulos
  • sellos
  • recetarios
  • medicación
  • dispositivos electrónicos
  • documentación médica

El análisis posterior de esos elementos fue clave para avanzar con la investigación.


Qué respondió la universidad de Venezuela

Uno de los puntos centrales de la causa fue el contacto con autoridades de la universidad venezolana donde supuestamente se había graduado la mujer.

Según detalló la fiscalía, el Secretario General de la casa de estudios confirmó que la acusada nunca fue alumna de esa institución.

Además, tras revisar el título exhibido, aseguró que el documento no pertenecía a la universidad.

La investigación también determinó que el supuesto diploma no contaba con Apostilla de La Haya ni con registros oficiales válidos en Argentina.


Qué detectaron en el Ministerio de Educación y la UNCo

La fiscalía también investigó la supuesta convalidación del título extranjero ante el Ministerio de Educación de la Nación.

Allí detectaron inconsistencias en resoluciones, formatos y procedimientos administrativos.

Según explicaron, la documentación presentada por la mujer no coincide con los mecanismos oficiales exigidos para validar títulos obtenidos en el exterior.

A su vez, desde la Universidad Nacional del Comahue indicaron que la institución no posee convenios académicos que le permitan actuar como evaluadora en este tipo de trámites, por lo que descartaron haber emitido documentación habilitante.


El dato que complicó aún más la situación judicial

Otro elemento clave surgió del informe de Migraciones incorporado al expediente.

De acuerdo a la fiscalía, la mujer nunca habría viajado a la República Bolivariana de Venezuela, pese a que el plan de estudios de la carrera exigía cursar los últimos dos años de manera presencial y realizar prácticas hospitalarias obligatorias en ese país.

Ese dato fue considerado relevante para reforzar la hipótesis de falsificación documental y ejercicio ilegal de la medicina.

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Qué puede pasar ahora con la causa

Tras escuchar los argumentos de la fiscalía y la defensa particular de la acusada, la jueza de Garantías informó que dará a conocer su resolución el próximo 26 de mayo.

La decisión será clave para determinar si el expediente continúa en la órbita provincial o pasa definitivamente a la Justicia Federal.

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