Avanza el debate legislativo
El Gobierno envió al Senado un proyecto integral contra la ludopatía y las apuestas online ilegales
El Poder Ejecutivo nacional remitió al Senado un proyecto de ley que establece un marco normativo integral para prevenir la ludopatía y regular los juegos de azar en línea, con especial foco en la protección de niños, niñas y adolescentes y el combate a las plataformas ilegales.
La iniciativa, anunciada días atrás por el Gobierno, busca dar respuesta al crecimiento exponencial del acceso a plataformas de apuestas digitales, un fenómeno que las autoridades consideran un desafío creciente en materia de salud pública.
En el mensaje de elevación, el Ejecutivo advirtió que el uso problemático de tecnologías digitales y las conductas compulsivas asociadas al juego online constituyen “fenómenos complejos y multidimensionales” que requieren una respuesta coordinada del Estado.
El diagnóstico oficial se apoya en datos del Observatorio Argentino de Drogas (Sedronar), que indican que más de una cuarta parte de los estudiantes secundarios participó en apuestas con dinero durante el último año, principalmente a través de plataformas online.
Entre los principales objetivos del proyecto se destacan la erradicación de la explotación ilegal de juegos de azar en internet, la prohibición absoluta del acceso de menores y la consolidación de políticas públicas orientadas a la prevención y tratamiento del juego patológico.
Uno de los puntos centrales es el endurecimiento del régimen penal. El texto establece penas de entre tres y seis años de prisión para quienes exploten plataformas de apuestas sin autorización, mientras que quienes faciliten estas operaciones mediante servicios financieros, tecnológicos o publicitarios podrán enfrentar condenas de entre dos y cuatro años.
En materia publicitaria, la propuesta prohíbe la promoción de plataformas ilegales en cualquier formato, incluyendo redes sociales, medios de comunicación y vía pública. Además, establece responsabilidades para agencias, productoras, influencers y medios que participen de su difusión.
Respecto de las plataformas habilitadas, fija límites estrictos: no podrán dirigir campañas a menores ni asociar el juego al éxito económico, social o al consumo de alcohol y tabaco.
El proyecto también asigna funciones específicas a distintos organismos estatales. El Enacom deberá bloquear contenidos y publicidad vinculados a sitios ilegales, mientras que el Banco Central deberá impedir operaciones financieras relacionadas con esas plataformas, especialmente transferencias realizadas desde cuentas de menores.
A su vez, las entidades financieras y proveedores de pago no podrán operar con plataformas que no cuenten con mecanismos eficaces de verificación de edad.
La Comisión Nacional de Valores y los proveedores de activos virtuales también estarán obligados a monitorear y prevenir transacciones ligadas a operadores no autorizados.
Otro aspecto relevante es la habilitación de procedimientos ágiles para el bloqueo o baja de dominios ilegales a través de NIC Argentina, en coordinación con las autoridades competentes.
En paralelo, el proyecto fortalece el rol de Sedronar y del Ministerio de Salud en tareas de prevención, concientización, capacitación y producción de información epidemiológica vinculada al juego problemático.
El texto respeta el esquema federal vigente, reconociendo que la regulación del juego corresponde a las provincias, aunque impulsa mecanismos de articulación conjunta para enfrentar un fenómeno digital que trasciende las fronteras jurisdiccionales.
Con este envío al Senado, el Gobierno suma un nuevo eje a la agenda legislativa y pone en debate una problemática que genera creciente preocupación social por su impacto en jóvenes y adolescentes.