Los padres progenitores: sobre violencia vicaria y la responsabilidad parental que no puede delegarse

(*) Hay una conversación incómoda que, después de más de diez años ejerciendo el derecho de familia, ya no puedo evitar tener. No ocurre en los libros de doctrina ni en las sentencias más citadas. Ocurre en el despacho, cuando una madre o un padre llega convencido de que el juez va a resolver lo que ellos, como progenitores, no han podido o no han querido resolver entre sí.

Y la conversación es esta: la Justicia puede intervenir, puede proteger, puede ordenar. Pero no puede, ni debe, reemplazar lo que solo los progenitores pueden hacer: criar a sus hijos con responsabilidad, aun cuando la relación de pareja haya terminado mal.

Esa es la premisa que debería ordenar cualquier debate serio sobre violencia vicaria. Porque antes de hablar de lo que el sistema judicial debe garantizar, hay que hablar de lo que los adultos deben asumir.

Una de las confusiones más extendidas , y más dañinas, que encuentro en mi práctica cotidiana es la idea de que los padres separados pueden ejercer su rol parental a través de la intermediación constante de un juez. Que cada desacuerdo sobre los horarios de visita, cada diferencia en la crianza, cada conflicto menor merece un escrito judicial y una resolución.

El ejercicio de la responsabilidad parental , tal como lo consagra el Código Civil y Comercial de la Nación— exige un mínimo de acuerdos entre los progenitores. No la armonía perfecta, no la amistad forzada: un mínimo de capacidad para anteponer las necesidades de los hijos a las propias heridas. Cuando ese mínimo no existe, no es el juez quien lo suple: es el niño quien paga la diferencia.

Y ahí es donde aparece, muchas veces silenciosa, la violencia vicaria.

Una violencia que no siempre se ve

La violencia vicaria es el uso de los hijos, consciente o inconsciente, como herramienta de confrontación entre sus progenitores. No siempre tiene la cara de un acto deliberado y cruel. A veces se disfraza de sobreprotección, de preocupación exagerada, de comentarios que “escapan” delante del niño. Pero el efecto es siempre el mismo: el hijo deja de ser una persona con derechos propios y se convierte en el campo de batalla donde dos adultos dirimen una guerra que no le pertenece.

La violencia vicaria nos obliga a reflexionar sobre aquellas situaciones en las que los hijos son utilizados, consciente o inconscientemente, como herramientas de confrontación entre sus progenitores. Cuando esto ocurre, el daño trasciende el conflicto de pareja y afecta directamente el bienestar emocional, el desarrollo y la identidad de los niños.

El impacto no es menor ni pasajero. Los niños que crecen atrapados en esa dinámica aprenden a relacionarse con el mundo desde la lealtad dividida, el miedo a decepcionar, la obligación de elegir. Cargan con responsabilidades afectivas que no les corresponden. Y eso deja marcas que ninguna sentencia puede borrar.

La responsabilidad que no se puede delegar

Por eso insisto: la primera línea de protección de un niño no es el juzgado. Son sus progenitores.

Cuando dos progenitores logran sostener, aun en medio del dolor de una separación, un mínimo de comunicación respetuosa centrada en los hijos, el daño se acota. Cuando no lo logran, cuando cada intercambio se convierte en una trinchera, cuando el niño viaja de una casa a la otra cargando mensajes que no debería llevar, cuando se lo interroga al volver de una visita, la situación escala, y escala rápido.

En los procesos de familia, los niños no pueden ser vistos como una extensión del conflicto de los adultos. Son personas con derechos propios, cuya protección debe ser el eje de toda intervención.

Esa protección empieza en casa. Empieza en la decisión, difícil, a veces dolorosa, de no usar al hijo como vocero, como espía, como consuelo o como escudo. Empieza en entender que la maternidad y la paternidad no terminan cuando termina la pareja, y que ejercerlas bien después de una ruptura es, quizás, el acto de amor más exigente que existe.

Cuándo y cómo interviene la Justicia

La intervención judicial en los conflictos de familia es necesaria cuando los adultos no pueden alcanzar esos acuerdos mínimos por sí solos, o cuando hay situaciones que requieren una decisión externa que proteja al niño. El sistema tiene herramientas valiosas para eso: equipos interdisciplinarios, medidas de protección, espacios de escucha para los propios niños cuando su edad y madurez lo permiten.

Pero la Justicia interviene sobre conflictos que ya existen. No los previene. Y cuando el conflicto se ha instalado tan profundamente que los hijos están en el medio, el trabajo judicial ,por más eficaz que sea, siempre llega después del daño.

Por eso la mirada tiene que estar, primero, en los adultos. En su capacidad y su obligación de preservar a sus hijos de una guerra que no eligieron. Proteger a un niño es evitar que cargue con responsabilidades, lealtades o conflictos que no le corresponden.

Una última reflexión

Después de más de diez años acompañando familias en los momentos más difíciles de sus vidas, llegué a una convicción que no abandono: los niños son extraordinariamente resilientes cuando los adultos que los rodean asumen su responsabilidad. Y son extraordinariamente vulnerables cuando esos mismos adultos los abandonan, aunque físicamente estén presentes, en el centro de un conflicto que no es de ellos.

Los niños no son testigos del conflicto: son sujetos de derecho. Cuando quedan atrapados en las disputas de los adultos, la Justicia tiene la obligación de devolverlos al lugar que les corresponde: el centro de la protección, nunca el centro de la pelea.

Pero antes de que la Justicia tenga que intervenir, los padres tienen la oportunidad, y la responsabilidad de que eso no ocurra.

Esa es la conversación que hace falta tener. Y cuanto antes, mejor.

(*) Por la Dra. Luz Blanco — Abogada especialista en Derecho de Familia