Entró armado a una escuela de Cipolletti, amenazó a trabajadores y efectuó disparos
La Justicia de Río Negro imputó a un hombre acusado de ingresar armado a una escuela técnica de Cipolletti, amenazar a un grupo de trabajadores de la construcción y efectuar varios disparos dentro del establecimiento.
La formulación de cargos se realizó este miércoles en el Foro Penal de Cipolletti, donde la Fiscalía le atribuyó los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y abuso de armas, en calidad de autor.
El episodio investigado ocurrió el 1 de noviembre de 2025 en el CET N.º 9, ubicado sobre calle Mengelle.
El conflicto previo con los trabajadores
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado se presentó en el establecimiento durante la tarde, cuando un grupo de obreros pertenecientes a una empresa constructora realizaba tareas en el lugar.
Según se expuso durante la audiencia, el hombre había mantenido conflictos laborales con esos trabajadores luego de finalizar su vínculo con la firma para la que prestaba servicios.
Al momento del hecho no había estudiantes ni personal educativo en el edificio, ya que se trataba de un día y horario sin actividades escolares.
Amenazas y disparos dentro del establecimiento
La Fiscalía sostuvo que el acusado ingresó al predio portando una pistola negra y comenzó a proferir amenazas contra los trabajadores presentes.
Posteriormente, efectuó al menos tres detonaciones. Uno de los disparos impactó contra el techo del edificio, mientras que otros fueron realizados en las inmediaciones del grupo de obreros.
Para la acusación, la conducta generó una situación de extrema intimidación y un peligro concreto para la integridad física de las personas que se encontraban trabajando en el lugar.
La jueza habilitó la investigación penal
Durante la audiencia, la defensa oficial no formuló objeciones respecto de los hechos atribuidos ni sobre la calificación legal planteada por el Ministerio Público Fiscal.
Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la etapa preparatoria de la investigación penal por un plazo de cuatro meses.
En ese período, la Fiscalía deberá reunir nuevas evidencias para avanzar en el proceso y determinar las responsabilidades penales derivadas del hecho.