Denuncia por fondos públicos en Salud: una exdirectora quedó bajo investigación por más de $21 millones
El Gobierno de Neuquén denunció penalmente a una exdirectora provincial del Ministerio de Salud por presuntas irregularidades en la administración y rendición de fondos públicos que superan los 21 millones de pesos.
La presentación fue realizada por la Fiscalía de Estado a partir de una auditoría interna que detectó inconsistencias en tres expedientes administrativos vinculados a anticipos de fondos destinados a gastos de funcionamiento. Según el informe técnico, las rendiciones presentadas no permitieron acreditar de manera suficiente el destino final de los recursos.
De acuerdo con la documentación oficial, el monto total observado asciende a $21.307.500 y corresponde a tres expedientes diferentes.
Las irregularidades detectadas
En el primer caso, que involucra $7.837.500, los auditores señalaron la falta de autorizaciones jerárquicas, la ausencia de justificación para utilizar el mecanismo excepcional de anticipo de fondos, la concentración de funciones en una misma persona y la falta de documentación bancaria que permitiera verificar los pagos realizados.
Respecto del segundo expediente, por $5.660.000, la auditoría advirtió que la propia funcionaria habría intervenido en la solicitud, gestión y autorización de los fondos sin los controles internos correspondientes. Además, se detectaron facturas con conceptos generales, ausencia de remitos y falta de documentación que acreditara la efectiva prestación de servicios.
En tanto, el tercer expediente, por $7.810.000, presentó observaciones vinculadas a la falta de autorizaciones administrativas, inconsistencias en la justificación de los gastos y ausencia de documentación respaldatoria que permitiera relacionar los pagos con necesidades concretas del área.
La hipótesis de la denuncia
Según surge de la presentación judicial, la principal hipótesis es que los fondos habrían quedado bajo disponibilidad de la exfuncionaria y que posteriormente se intentó justificar su utilización mediante documentación cuya correspondencia con servicios efectivamente prestados no pudo ser comprobada durante la auditoría.
Ante estas observaciones, la Coordinación de Administración Financiera rechazó las rendiciones, declaró la responsabilidad administrativa y remitió las actuaciones al Tribunal de Cuentas, además de dar intervención a las áreas legales correspondientes.
Intervención de la Justicia
Ahora será la Justicia quien deberá determinar si las irregularidades detectadas constituyen simples incumplimientos administrativos o si existió una maniobra deliberada de desvío de fondos públicos.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que la denuncia se enmarca en la política de fortalecimiento de los mecanismos de control y transparencia en la administración estatal, con el objetivo de garantizar el correcto uso de los recursos públicos destinados a la salud y otros servicios esenciales.