2026-06-16

Formularon cargos a un empresario agrícola por tenencia ilegal de armas de guerra

La Justicia imputó a un productor de la región luego de detectar que 11 de las 49 armas secuestradas en una chacra de Sargento Vidal no estaban registradas ante la autoridad nacional competente. La investigación tendrá un plazo de cuatro meses.

Un empresario agrícola fue imputado por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra tras una audiencia de formulación de cargos realizada este martes. La investigación se originó a partir de un procedimiento policial llevado a cabo en una chacra de Sargento Vidal, donde se secuestraron 49 armas de fuego de distintos calibres.

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Según explicó la fiscal adjunta de la unidad descentralizada de Cinco Saltos, el hecho ocurrió el 19 de junio de 2025 cerca de las 21. Personal de la Comisaría 44 de Villa Manzano acudió a una chacra de la zona luego de recibir un llamado de los cuidadores del establecimiento, quienes alertaron sobre la presencia de personas desconocidas en la vivienda del propietario.

Con autorización de los responsables del lugar, los efectivos ingresaron al inmueble para verificar la situación. Durante la inspección observaron a simple vista una importante cantidad de armas de fuego, por lo que procedieron a su secuestro preventivo.

Posteriormente, las pericias realizadas por el Gabinete de Criminalística permitieron determinar que 11 de las 49 armas halladas no estaban debidamente registradas ante el Registro Nacional de Armas. Entre ellas se encontraban armas largas de distintos calibres consideradas de guerra y aptas para el disparo.

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La fiscalía sostuvo la acusación con entrevistas a los cuidadores de la chacra, testimonios de los efectivos policiales intervinientes y los informes técnicos elaborados por especialistas en Criminalística y Armería.

Durante la audiencia, la defensa particular no presentó objeciones a los hechos ni a la calificación legal. Además, señaló que el imputado es un reconocido coleccionista y referente de la cultura de las armas en la región.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y habilitó la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses, período en el que se reunirán nuevas pruebas para avanzar en la causa.

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