La Corte Suprema dejó firmes las condenas por los sobresueldos en una provincia
Viedma.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las condenas contra exintegrantes del gabinete del fallecido exgobernador rionegrino Miguel Saiz, en una causa vinculada al cobro irregular de sobresueldos durante más de seis años.
La decisión del máximo tribunal dejó firme la sentencia dictada por la Justicia de Río Negro, luego de rechazar los recursos extraordinarios presentados por los acusados. Los jueces consideraron que las apelaciones no lograron rebatir los fundamentos de los fallos anteriores.
Como consecuencia de la resolución, los exministros César Barbeito, quien estuvo al frente de Educación, y Francisco González, exresponsable de Coordinación, deberán cumplir una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva por su participación en la maniobra.
Además, fueron ratificadas las condenas de dos años y seis meses de prisión para los exministros Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega y Diego Larreguy, así como para el extesorero José Ongaro. En tanto, la acción penal contra el excontador general Gustavo Picci había sido declarada prescripta previamente.
La investigación determinó que entre 2004 y 2010 se distribuyeron fondos públicos mediante adicionales salariales que no contaban con respaldo legal. Según la Justicia, esos pagos eran administrados de manera discrecional y sin registros oficiales, permitiendo asignaciones arbitrarias entre funcionarios del gobierno provincial.
Los magistrados concluyeron que los fondos fueron apartados del control de la administración pública y utilizados fuera de los mecanismos establecidos por la normativa vigente, configurando así el delito por el que fueron condenados.
La causa tuvo su origen en una investigación periodística que reveló el presunto pago de adicionales a funcionarios provinciales. De acuerdo con las estimaciones realizadas durante la pesquisa, los montos distribuidos habrían superado los 24 millones de pesos de la época, una cifra equivalente a unos seis millones de dólares.
Con la decisión de la Corte Suprema, uno de los mayores escándalos políticos de la historia reciente de Río Negro quedó definitivamente cerrado en el plano judicial, con condenas firmes para gran parte del gabinete que acompañó a Saiz durante su gestión.