La Corte Suprema dejó firme una cautelar a favor del financiamiento universitario
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por el Gobierno nacional y dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado a cumplir parcialmente con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión mantiene vigente, por el momento, la actualización salarial para docentes y no docentes de las universidades públicas, así como la recomposición de programas destinados a estudiantes.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron inadmisible la apelación del Poder Ejecutivo al entender que no existía una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.
Aunque el fallo no genera efectos económicos inmediatos debido a que el Gobierno ya había acordado una recomposición presupuestaria y salarial con las universidades semanas atrás, el pronunciamiento representa un respaldo judicial a la vigencia de aspectos centrales de la norma sancionada por el Congreso.
El alcance de la medida judicial
La controversia se originó a partir de una acción de amparo colectivo impulsada por representantes del sistema universitario nacional. El planteo cuestiona la constitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionó la aplicación de la Ley 27.795 a la identificación de fuentes específicas de financiamiento.
Mientras se resuelve el fondo del expediente, la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal había dictado una medida cautelar ordenando el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley.
Esos artículos establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales, tomando como referencia el período comprendido entre diciembre de 2023 y la sanción de la norma. Además, contemplan la recomposición de programas destinados al estudiantado.
La cautelar no incluyó otros aspectos de la ley vinculados a partidas presupuestarias generales, gastos de funcionamiento y programas complementarios.
El argumento de los jueces
En instancias anteriores, la Cámara Contencioso Administrativa Federal había considerado que el Estado no logró desvirtuar los fundamentos planteados por las universidades.
Los magistrados señalaron que el Congreso había insistido con la sanción de la ley y advirtieron que el incumplimiento de sus disposiciones podía generar un deterioro significativo en los salarios universitarios y afectar el normal desarrollo de las actividades académicas.
También sostuvieron que la falta de aplicación de la norma no representaba un ahorro significativo para las cuentas públicas en comparación con el impacto que podría tener sobre el sistema universitario.
La Corte Suprema no ingresó en el análisis de esos argumentos, pero al rechazar la apelación del Gobierno dejó vigente la medida cautelar hasta que exista una definición sobre el fondo de la causa.
El acuerdo firmado con las universidades
La decisión judicial se conoce pocas semanas después de que el Gobierno nacional alcanzara un acuerdo con autoridades universitarias y representantes gremiales.
El acta, firmada el 10 de junio, contempla una recomposición salarial del 24,33%, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y una ampliación de fondos para hospitales universitarios.
Además, incluye una mejora del 50% en las Becas Manuela Belgrano y establece una nueva instancia de negociación salarial prevista para septiembre.
Pese a ese entendimiento, el expediente judicial continuará su curso para determinar si el decreto cuestionado es compatible con la Constitución y si corresponde la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución de la Corte representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y las universidades nacionales por los recursos destinados al sistema de educación superior, un debate que continúa abierto tanto en el ámbito político como en los tribunales